DSC 0034Con esta acción se logró la suspensión de dos bares que violentaban las medidas higiénicas y de seguridad.

Tlaxcala, Tlax.- Resultado de la estrategia de seguridad del Gobierno de Tlaxcala, a fin de mantener a la entidad como una de las más seguras del país, las autoridades encabezadas por la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) implementaron un operativo de inspección y vigilancia en los municipios de Apizaco, Yauhquemehcan y Santa Cruz Tlaxcala.

Esta acción coordinada, tiene como finalidad inhibir diferentes delitos, a fin de garantizar la seguridad y protección de las personas. Por ello, la Procuradora de Estado, Alicia Fragoso Sánchez, y el encargado del Despacho de la Comisión Estatal de Seguridad (CES) Francisco Galindo Bocardo, desplegaron dos células de inspección que de forma simultanea recorrieron diferentes colonias y comunidades de los municipios de Apizaco, Yauhquemehcan y Santa Cruz Tlaxcala.

Además, los contingentes conformados por oficiales de la Policía de Investigación, Agentes del Ministerio Público, elementos de la CES y del Ejercito Mexicano, se establecieron en diversos puntos estratégicos de las tres demarcaciones, a fin de realizar inspecciones aleatorias a diferentes vehículos.

En tanto, durante los recorridos en los municipios, la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coepris) y la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) suspendieron el bar denominado "Nays Club", ubicado en el bulevar Emilio Sánchez Piedras, en el municipio de Apizaco, ya que constataron la falta de documentación y medidas de seguridad.

De igual forma, ambas dependencias colocaron sus calcomanías de suspensión al inmueble denominado "KISS", ubicado en carretera Apizaco-San Miguel Contla, a la altura del municipio de Santa Cruz Tlaxcala, por violar los sellos de suspensión colocados el 16 de enero del año en curso durante un operativo interinstitucional.

Estos resultados se sustentan en las líneas de acción previstas en el Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016, que establece que para sustentar el desarrollo del Estado, es preciso dar prioridad a la vigencia plena del Estado de Derecho, como condición necesaria para garantizar la seguridad de las personas y alcanzar una convivencia pacífica y estable de la sociedad. (Boletín)