A 25 días de que el Nuevo Sistema de Justicia Penal se implemente en todo el país, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, inauguraron el Foro Avances y retos en la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal en la Ciudad de México.Ciudad de México.- Su objetivo es compartir experiencias sobre los avances y retos que implican la implementación de la Reforma Constitucional en materia de Justicia Penal de 2008.
La Ombudsperson capitalina, Perla Gómez Gallardo, anunció que La Comisión estará atenta a las acciones que lleven las autoridades para la debida implementación del Sistema Penal Acusatorio en la Ciudad de México, a fin de que se garantice la debida procuración e impartición de justicia y los presupuestos del debido proceso.
Señaló que en la Ciudad de México actualmente opera de forma parcial el sistema oral, pues únicamente se utiliza para los delitos no graves, por lo que se tiene como fecha límite el próximo 18 de junio para su plena ejecución.
La Doctora Perla Gómez Gallardo manifestó que el acceso a la justicia, debido proceso y el derecho a la verdad son derechos humanos que se deben garantizar durante cualquier proceso penal, e indicó que se deberán seguir impulsando todas las acciones para la prevención y disminución del delito y la protección de los derechos de las víctimas.
Por su parte, la Consejera de la Judicatura del Distrito Federal, Sandra Luz Díaz Ortiz, resaltó que de manera jurídica, social y cultural, el 2016 se visualiza como el año en el que los paradigmas de la justicia mexicana deberán cambiar para acercarla cada vez más a la ciudadanía.
En representación del Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, Édgar Elías Azar, comentó que el TSJDF cuenta actualmente con salas de oralidad perfectamente organizadas y con el equipo necesario, así como con 56 impartidores de justicia que operan el sistema y dos jueces especializados en ejecución de sentencias.
El catedrático ITAM, Miguel Sarre Iguíniz, apuntó que de acuerdo con datos del INEGI, jueces y juezas de todo el país tramitan al año 119 mil casos de personas imputadas.