México, 29 Jul (Notimex).- A fin de garantizar la defensa de los derechos de los trabajadores migrantes, el gobierno federal capacitó y brindó información sobre las condiciones de reclutamiento y así evitar abusos de empleadores.A través de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) realizó el taller “Hacia una Contratación Equitativa”, organizado en conjunto con la Oficina para México y Cuba de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
En un comunicado, Fernando Maldonado Hernández, subsecretario de Empleo y Productividad Laboral de la dependencia, aseguró que la migración está vinculada a la búsqueda de oportunidades de trabajo decente, que muchas veces terminan en empleos de baja remuneración y condiciones inseguras.
Por ello, esta capacitación, subrayó el funcionario, reafirma los lazos de cooperación de México con la implementación de actividades en el marco del programa Reframe.
Ante la directora de la Oficina para México y Cuba de la OIT, Gerardina González Marroquín, refirió que esta iniciativa estudia la dinámica de tres corredores migratorios en el mundo, uno de ellos el establecido en la frontera México-Guatemala.
El objetivo, precisó, es “promover el diseño de políticas públicas para prevenir la trata de personas y el trabajo forzoso; proteger los derechos de los trabajadores, incluidos los trabajadores migrantes, y potenciar los beneficios de la migración laboral”.
A su vez, Gerardina González, representante de la OIT, reconoció las acciones que se han llevado a cabo con empleadores, trabajadores y el gobierno de la República, puesto que “no hay ninguna razón por la cual podamos permitir que las personas sean víctimas de explotación”.
Reframe es un programa de la OIT y la Unión Europea conocido como Acción Global para Mejorar el Marco de Contratación de los Trabajadores Migrantes. Está alineado con los cuatro enfoques de la Iniciativa de Contratación Equitativa: Mejorar el conocimiento global de las prácticas de contratación nacionales e internacionales; mejorar las leyes, las políticas y su cumplimiento para promover la contratación justa; fomentar prácticas empresariales justas, y empoderar y proteger a las personas trabajadoras.