Para asegurar que los inversionistas interesados en explotar gas y petróleo no cometan injusticias con ejidatarios, comuneros y pequeños propietarios, se capacitará a mediadores en coordinación con la Universidad Panamericana, aseveró Jorge Carlos Ramírez Marín, secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).(La Jornada).- Expuso que las mayores presiones sobre la propiedad social se registrarán en Campeche, Tabasco, Veracruz, Chiapas, Tamaulipas, Coahuila y Nuevo León, ya que en ellos se localizan los mayores yacimientos de hidrocarburos y gas.
"Sedatu estará pendiente de que las empresas o las organizaciones agrarias influyan en los conflictos sociales por la explotación de los energéticos. La institución estará presente en dichas entidades", aseguró durante la presentación del seminario y maestría en mediación aplicada a la utilización del suelo en proyectos energéticos que llevará a cabo la Universidad Panamericana.
Comentó que del subsuelo se pueden extraer 600 mil barriles diarios de petróleo, riqueza que "deberá llegar a los propietarios de la tierra, ya que poseen el 52 por ciento de la superficie nacional".
La reforma energética, afirmó, no implicó la desaparición de la propiedad social, los ejidatarios y comuneros tienen derecho a disfrutar de esa riqueza.
Ricardo López Pescador, director de la Unidad de utilización del suelo para proyectos de energía e inversiones jurídicas de los fondos mineros de Sedatu, advirtió que "la negociación no será siempre en aguas apasibles, pues siempre estarán presentes los conflictos, por ello es necesario contar con personas que faciliten los acuerdos y procuren los equilibrios".