Esta acción fue posible gracias a que el Agente del Ministerio Público integró debidamente la Averiguación Previa correspondiente con las pesquisas realizadas por los detectives y diligencias practicadas por peritos, que dieron como resultado que el Juez Tercero de lo Penal del Distrito Judicial de Sánchez Piedras, obsequiara la orden de aprehensión dentro del proceso 177/2015, por el delito de abuso de confianza y en contra de Guerrero Monroy y Nava Suárez.

El origen de la indagatoria data de junio de 2011, cuando la imputada comenzó a desempeñarse como gerente de contabilidad de una empresa ubicada en la Ciudad Industrial Xicohténcatl III, en el municipio de Tlaxco, donde desarrolló tareas como realizar pagos a proveedores y prestadores de servicios, ya que manejaba las cuentas bancarias de la compañía.

Sin embargo, en enero de 2015 la fábrica realizó una revisión exhaustiva en las cuentas de la empresa, derivado de cambios en la administración; de esta manera, detectaron movimientos anormales en traspasos de efectivo de diferentes cuentas.

Por lo anterior, los trabajadores de la empresa decidieron cotejar los retiros realizados del sistema con las cuentas bancarias; de este modo, corroboraron que Doley Guerrero Monroy efectuó diversos depósitos a su cuenta de nómina por la cantidad de 4 millones 55 mil 806 pesos.

Días después de descubrir el delito, la probable responsable informó a la compañía que se apartaría del puesto; no obstante, varios empleados informaron que aproximadamente en julio de 2014, la imputada y su pareja mejoraron notoriamente su situación económica, ya que establecieron dos negocios de venta de ropa en el municipio de Apizaco, además de que adquirieron varios automóviles y motocicletas.

Por lo anterior, el representante legal de la empresa interpuso la denuncia correspondiente ante el Agente del Ministerio Público por el delito de abuso de confianza, quien logró que el Juez de la causa obsequiara el mandamiento judicial.

De esta manera, los detectives se abocaron a la localización de los probables responsables, por lo que tuvieron información de que podrían ser ubicados en los municipios de Apizaco y Apetatitlán.

Con estas pistas, el 19 de agosto del año en curso, los oficiales de la Policía de Investigación realizaron un operativo simultáneo en ambas demarcaciones, que permitió la ubicación y captura de los sospechosos, mismos que fueron remitidos al Centro de Reinserción Social (Cereso), desde donde enfrentarán su proceso legal.

Estas acciones se sustentan en las líneas de acción previstas en el Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016, que establece que, para sustentar el desarrollo del Estado, es preciso dar prioridad a la vigencia plena del Estado de Derecho, como condición necesaria para garantizar la seguridad de las personas y alcanzar una convivencia pacífica y estable de la sociedad. (Boletín)