Tlaxcala, Tlax.- La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) garantizó el cumplimiento de los protocolos legales, y en materia de derechos humanos, durante la puesta a disposición ante el Agente del Ministerio Público de cuatro sujetos por los delitos de lesiones, amenazas y ultrajes a la autoridad.

A pesar de que fueron puestos en libertad, en virtud de que los delitos que se les acusan no son considerados como graves y no ameritan prisión preventiva, las investigaciones siguen su curso y será la autoridad judicial la que determine su situación legal.

Los hechos ocurrieron al mediodía del 24 de junio, cuando elementos de la policía municipal de Zacualpan fueron informados que, en la avenida Libertad, dos personas retuvieron y agredieron físicamente a un masculino.

Por lo anterior, se trasladaron de inmediato al lugar referido, donde uno de los hombres señaló al sujeto retenido como quien momentos antes agredió físicamente y amenazó con un arma de fuego a un albañil.

Ante esta situación, los uniformados aseguraron a quien se identificó como Rafael Pacheco Fillat por los delitos de amenazas y lesiones; sin embargo, el agraviado que se encontraba en el lugar de los hechos identificó metros adelante a otro sujeto que acompañaba al imputado cuando fue agredido.

De esta manera, los uniformados se acercaron al sospechoso, quien en compañía de otros dos individuos agredieron verbalmente a los policías, por lo que quienes dijeron llamarse Uriel Medel Belo, Michel Picazo Yahuitl y Raul Torres López, fueron puestos a disposición del Agente del Ministerio Público por el delito de ultrajes a la autoridad.

Horas más tarde, se presentó en las instalaciones de la PGJE una persona del sexo masculino, quien dijo ser el afectado, quien detalló y corroboró los hechos antes mencionados.

Cabe mencionar, que al momento de la detención de los sospechosos, elementos de la policía municipal realizaron la búsqueda en el perímetro del arma de fuego con la que supuestamente amenazaron a la víctima; no obstante, no identificaron ningún indicio.

Por todo lo anterior, y de acuerdo al artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales que entró en vigor con la puesta en marcha del Nuevo Sistema de Justicia Penal, los delitos por los que se les acusa no son considerados graves, por lo que no ameritan prisión preventiva.

Sin embargo, las indagaciones correspondientes continúan su curso, y en su momento será el juez de la causa quien establezca lo conducente.

Es así que, a través del cumplimiento a los protocolos en materia legal y de derechos humanos en las personas que son asegurados por su probable comisión de algún delito, la PGJE garantiza el debido proceso, con el objetivo de que prevalezca el estado de derecho. (Boletín)