Legisladores locales avalaron el dictamen remitido por el Congreso de la Unión relativo a la reforma al artículo 19 constitucional, para ampliar el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva, al cual se incluyeron el abuso sexual contra menores, la desaparición forzada, actos de corrupción, uso de programas sociales con fines electorales, robo de hidrocarburos, robo de transportes y posesión de armas exclusivas de las Fuerzas Armadas.