París, Francia.- (Notimex)La Asamblea Nacional, cámara gala de diputados, aprobó hoy en primera lectura, por una amplia mayoría, un polémico proyecto de ley de lucha contra el terrorismo que autoriza al gobierno a espiar cuentas de internet y realizar escuchas telefónicas.

El proyecto de ley, redactado por el gobierno socialista e impulsado por el primer ministro Manuel Valls en respuesta a los atentados de París de enero pasado, fue adoptado por 438 votos a favor, 86 en contra y 42 abstenciones.

El texto, que será debatido a finales de mayo en el Senado, define las misiones autorizadas de vigilancia telefónica y en internet de los servicios de información franceses en el territorio nacional.

Entre otros el espionaje económico, la prevención del terrorismo, las modalidades de escuchas telefónicas, la colocación de cámaras de vigilancia o el acceso a datos de conexión de internet de los ciudadanos.

Entre otras medidas, el texto prevé que las cuentas en internet de una persona sean investigadas si el individuo en cuestión consulta ciertas páginas web vinculadas con posibles actividades terroristas.

La ley, que excluye de la vigilancia a periodistas, parlamentarios y abogado, también legaliza la colocación de micrófonos, cámaras ocultas y programas espía para vigilar a posibles sospechosos.

Asimismo autoriza al Gobierno a reclamar datos a las operadoras de internet sobre el flujo de tráfico que permita detectar una amenaza terrorista.

Sin embargo, los promotores de la ley explicaron que "no habrá vigilancia masiva de las llamadas telefónicas ni de la mensajería en internet" como sucedió en los Estados Unidos en los últimos años, aseguraron fuentes del gobierno.

Pese a ello, la Comisión Nacional de Informática y Libertades, un organismo independiente destinado a salvaguardar la vida privada en la red, sindicatos de jueces, empresas operadoras de internet y asociaciones de defensa de derechos humanos criticaron la nueva ley.

En respuesta a las críticas el presidente francés Francois Hollande anunció que cuando la ley termine su recorrido parlamentario y sea aprobada por las dos cámaras la presentará al Tribunal Constitucional del país para que sus miembros analicen si viola libertades o no.