El plan para empezar a crear la república catalana se aprobó por 72 votos a favor y 63 en contra, en una cámara de 135 escaños y mayoría secesionista desde las elecciones autonómicas de septiembre pasado.

El presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, anunció poco después la puesta en marcha del proceso para frenar ante el Tribunal Constitucional la propuesta, que incluye la instauración en un mes de instituciones propias para una "desconexión pacífica" de España.

Preguntado sobre una posible suspensión de la autonomía que actualmente goza la región, Rajoy respondió: "La ley es la ley, y cuando se ataca la ley todos los instrumentos se pueden utilizar, espero no tener que hacerlo".

Las fuerzas independentistas de Junts pel Sí y Candidatura d'Unitat Popular (CUP) advirtieron que harán caso omiso de la previsible impugnación en la corte, y no está claro qué medidas tomará entonces el Gobierno, que ya avisó que utilizará todos los instrumentos jurídicos a su alcance.

"La construcción de un estado abre ante nosotros una oportunidad de oro de poder diseñar y construir un estado moderno, propio del siglo XXI", dijo Raül Romeva, cabeza de lista de la lista independentista más votada en los comicios regionales del 27 de septiembre.

El desafío catalán acapara el debate político en España a mes y medio de las elecciones generales, en las que los sondeos prevén que el Partido Popular de Rajoy sea el más votado, pero lejos de la mayoría absoluta de 2011 tras una legislatura plagada de recortes sociales y escándalos de corrupción.

Cataluña, una de las regiones más ricas del país pero también muy endeudada, vio reforzarse el sentimiento independentista especialmente a partir de 2012, en medio de la crisis económica y tras el rechazo del Gobierno de Rajoy a negociar un pacto fiscal.