Es por ello que recientemente viajó 4.700 kilómetros desde su aislada reserva en el norteño estado de Acre a Río de Janeiro donde protestó contra la exploración por gas y petróleo que podría implementarse cerca de su comunidad, ubicada en la frontera con Perú.

"Brasil es tan grande y hay tantos otros lugares para buscar gas. ¿Por qué quieren trabajar en la selva y destruir nuestra tierra", dijo la mujer, de 43 años.

"Si no es la empresa de petróleo, son los leñadores, o gente buscando metales, o gente que roba nuestras plantas", dijo Nukini durante una subasta de licencia de petróleo y gas que tuvo lugar en octubre en Río.

"A veces siento que nosotros los indígenas estamos solos en esta lucha para proteger nuestra naturaleza, la naturaleza de todos".

Los indígenas brasileños, ya bajo presión por la tala ilegal, la minería y la exploración por gas y petróleo en sus tierras, podrían perder las protecciones legales que garantizan su modo de vida, y que ayuda a proteger la selva del país, dicen los indígenas y activistas.

Una enmienda constitucional propuesta y aprobada a fines de octubre por una comisión de legisladores podría darle al Congreso el poder de crear y manejar reservas para los pueblos indígenas locales, quitando de la órbita federal la supervisión de las tierras indígenas.

La enmienda también exigiría que el Gobierno compense a los dueños de tierras en caso de que su propiedad sea tomada para la creación de una reserva.

La legislación propuesta permitiría, además, cambios a los límites geográficos de las reservas actuales, y la posibilidad de una exploración económica por parte del sector privado en agricultura, minería y otros proyectos. También suspendería nuevos procedimientos de demarcación.

El texto debe ser aprobado por la Cámara Baja y pasar por el Senado dos veces, pero existe un peligro real de que el Congreso, profundamente conservador y muy influenciado por terratenientes y empresarios agrícolas, la convierta en ley, dicen activistas.

"La mayoría de las reservas indígenas están en áreas muy valiosas para la agricultura y sobre esto es realmente la ley: permitir que un grupo pequeño de personas con intereses agrícolas y de exploración pongan sus manos en tierra indígena", dijo Marcio Astrini, coordinador de política pública de Greenpeace en Brasil.

Congresistas que apoyan la propuesta dicen que la nueva ley compensará a los propietarios que corren el riesgo de perder su tierra en procesos de demarcación que se llevan a cabo actualmente.

Osmar Serraglio, un representante federal del sureño estado de Paraná, dice que los cambios pretenden proteger a los pequeños agricultores, en particular a aquellos fuera de la cuenca del Amazonas, donde se implementa actualmente la demarcación de tierra indígena.

"Estamos hablando de cientos de pequeños agricultores que producen alimentos para todo el país y que temen perder su tierra y no recibir compensación porque no hay leyes que obliguen al Gobierno a compensarlos si sus granjas pasan a ser reservas indígenas", dijo Serraglio.

Se estima que la población indígena de Brasil era de 5 millones de personas antes de que llegaran los colonos portugueses en 1500. Cinco siglos de enfermedades, abandono y violencia redujeron el número a unos 900.000 en una población total de 200 millones de habitantes.

Las reservas actuales cubren casi el 14 por ciento del territorio brasileño, en su mayoría en la Amazonia. Las más grandes y remotas se ubican en la región amazónica occidental, en la frontera con Perú, Colombia y Venezuela.