Cunha está acusado de haber participado en la red de corrupción que operó en la estatal Petrobras, de la cual habría recibido al menos cinco millones de dólares por su supuesta colaboración en fraudes con contratos que la petrolera ofrecía a empresas privadas.

La Procuraduría General, que junto con la Policía Federal está a cargo de la investigación, sostiene que existen pruebas contundentes contra Cunha y ha pedido a la Corte Suprema que le sea retirado el escaño o que al menos se le obligue a separarse de la presidencia de la Cámara Baja.

La notificación oficial entregada a Cunha abre un plazo de diez días para que Cunha presente sus argumentos de defensa a la Corte Suprema, que solo después de recibirlos analizará el pedido de la Procuraduría.

Cunha es miembro del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), que lidera el vicepresidente del país, Michel Temer. Sin embargo, pese al carácter oficialista de esa formación, el año pasado Cunha anunció su decisión "personal" de pasar a engrosar las filas de la oposición al Gobierno de Dilma Rousseff.

En su condición de presidente de la Cámara de Diputados, Cunha aceptó a fines del año pasado iniciar los trámites para un posible juicio con miras a la destitución de Rousseff, solicitado por la oposición sobre la base de unas irregularidades en las que el Gobierno habría incurrido para maquillar sus balances fiscales de 2014 y 2015.

Ese juicio político llegó a comenzar, pero fue interrumpido por la Corte Suprema debido a algunos "errores de procedimiento". Tras esa decisión, la Cámara de Diputados pidió al tribunal que aclare algunos aspectos de esa decisión, lo cual todavía mantiene paralizado el proceso contra Rousseff.

Cunha, por otra parte, es objeto de un juicio político en el Consejo de Ética de la Cámara de Diputados, que podría despojarlo de su mandato en caso de que considere que existen pruebas de que se implicó en asuntos de corrupción.