La Comisión Especial de la Cámara de Diputados de Brasil decidirá este martes si incluye o no la denuncia realizada por el senador Delcidio do Amaral sobre supuestos actos de corrupción cometidos por la mandataria de ese país, Dilma Rousseff y el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva en el caso Petrobras.

Los parlamentarios son los encargados de estudiar el pedido de impeachment contra Rousseff y han iniciado las discusiones sobre las acusaciones que Amaral realizó, algo que ha generado gran polémica ante posiciones divergentes.

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Amaral quien pertenece al Partido de los Trabajadores (PT) involucró a más de 70 personas en las que incluyó a Rousseff y el exmandatario Lula da Silva, además denunció a las principales fuerzas políticas del país de recibir fondos provenientes de sobornos cobrados a la empresa estatal petrolera Petrobras.

La acusación ha sido calificada por Rousseff como difamadora y calumniosas y es defendida por el legislador Jovair Arantes quien le dijo a la Comisión encargada que se no puede atropellar un proceso, que ya está instalado con nuevas denuncias y versiones que pueden contaminarlo y llevarlo a su judicialización.

En una entrevista concedida la pasada semana al periódico Folha de Sao Paulo, Amaral pidió su desafiliación del Partido de los Trabajadores (PT) y se hizo llamar "el profeta del caos".

Amaral, quien cumplió casi tres meses de prisión antes de pasar a régimen de arresto domiciliario, acordó además con la Justicia pagar una multa de 1,5 millones de reales (más de 400 mil dólares) en un plazo de 10 años por su participación en el esquema de corrupción de la petrolera estatal Petrobras.

Desde el año pasado, el Congreso y la derecha de Brasil pusieron en marcha un plan para difamar el Gobierno de la presidenta Dilma Rousseff y desprestigiar los logros alcanzados en beneficio del pueblo, mediante intentos de enjuiciar a la jefa de Estado por el caso de corrupción en la estatal Petrobras.

Por ahora, el Congreso evalúa destituirla, y en caso de que la acusación a Rousseff proceda, estiman separarla por 180 días de sus funciones mientras investigan. El exmandatario Luiz Inácio Lula da Silva, por su parte, también es investigado por este caso.

El 4 de marzo fue detenido de manera arbitraria por unos 200 efectivos de la Policía Federal de Brasil que allanaron su casa.