La ley aprobada el martes primero por los senadores tuvo más tarde reticencias entre los legisladores de la Cámara baja de Puerto Rico, contempla la declaración de una emergencia fiscal permitiendo al Banco Gubernamental de Fomento (BGF), decretar una moratoria en el pago de la deuda pública, mientras se negocia con los acreedores internacionales con el fin de reorganizar la situación fiscal del estado libre asociado a EE.UU.

El decreto permite al gobernador de la isla ganar tiempo mientras Puerto Rico sigue presionando al Congreso de EE.UU., para que le autorice a reestructurar su enorme deuda adquirida.

Puerto Rico al contar con una deuda de 70 mil millones de dólares con sus acreedores, responsabiliza de ello a EE.UU., razón que ha marcado un punto de inflexión en la relación de la isla con Washington. Además, por ser un estado libre asociado a EE.UU., no puede declararse en quiebra.

No obstante, una comisión del Congreso norteamericano sigue estudiando una iniciativa para ayudar a Puerto Rico, en consultas con el Departamento del Tesoro. Pero la propuesta incluye una junta federal que es resistida por la isla que lo considera como un vestigio de la época colonial.

El gobernador había pedido la ley para evitar "un daño irreparable a Puerto Rico", al considerar que no puede cumplir con los acreedores y, a la vez, cumplir con las esenciales obligaciones en materia de salud, educación especial y los salarios de los empleados públicos, lo que podría desembocar en una "crisis humanitaria" en la isla de 3,5 millones de habitantes.

En este sentido, las autoridades de Puerto Rico han advertido en agosto de 2015 que la isla caribeña se encaminaba hacia una dura recesión económica, al declarase insolvente desde junio de 2015.

Para evitar tal situación el gobernador presentó un Plan de Ajuste Fiscal, que afectaba a las necesidades básicas de la población, quienes en señal de rechazo a la situacion politica creada por EE.UU., han salido a las calles mostrando su indignación, en especial al modelo económico.