La reforma laboral, impulsada por el Gobierno de Bachelet y aprobada tras una larga negociación por el Congreso chileno en abril, no era bien vista por empresarios ni por la derecha opositora, que reaccionaron presentando ante el TC el pedido de inconstitucionalidad en varios de sus artículos.

El 27 de abril, el TC declaró inconstitucional un artículo que otorgaba exclusividad a los sindicatos para negociar la reforma, ya que actualmente existen otros grupos negociadores.

La mandataria, comunicó el domingo que se estudiará el fallo "en detalle" una vez que se publique el texto íntegro, recalcando que posteriormente se decidirán "los recursos de acción a seguir introduciendo los ajustes a dicho proyecto para que no pierda coherencia interna ni su espíritu de equidad".

Al considerar que la valoración del TC sobre el proyecto de ley que moderniza las relaciones laborales ha puesto en cuestión “algunos de sus elementos centrales, como es la titularidad sindical", Bachelet apostó por "buscar las vías más equilibradas entre trabajadores y empresas".

Por otra parte, la ministra de Trabajo, Ximena Rincón, no ha descartado que se presente un veto, según indicó el rotativo chileno La Tercera. "Esto no significa que vamos a insistir en la materia que ha rechazado el tribunal, estamos viendo si es necesario reequilibrar el proyecto", recalcó Rincón.

La ministra de Trabajo chilena, Ximena Rincón.

De acuerdo con el citado diario, este lunes está programado un nuevo consejo de gabinete en La Moneda. La presidenta Bachelete encabezará esta reunión a la que asistirán sus 23 ministros y que estará marcada por la referida decisión del TC.

En el Ejecutivo, señala el medio chileno, consideran esta semana clave para el futuro de la iniciativa, ya que tienen un tiempo limitado para buscar una solución y además, por el proceso de negociación que se abrirá para decidir las correcciones. Según la ley tienen hasta el 8 de mayo.

La jefa de Estado chilena lleva adelante una serie de reformas destinadas a cambiar el sistema educativo y tributario, amén de la actual Constitución, heredado todo ello de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).