catalunaMadrid.- (La Jornada) En una sesión impulsada por la vía de urgencia por el gobierno español en funciones, presidido por el derechista Mariano Rajoy, el Tribunal Constitucional admitió a trámite y por unanimidad la petición en la que se le insta al Parlamento y al gobierno catalanes a asumir la prohibición de llevar a cabo su estrategia secesionista.

La medida se llevó a cabo después de que la semana pasado, en un pleno ordinario, el Congreso catalán admitió por mayoría absoluta iniciar lo que denominan “la desconexión” con el Estado español; es decir, al paulatina separación de sus instituciones y de los organismos de control, fiscalización y regulación que mantienen el común.

La decisión adoptada por el alto tribunal, a petición del gobierno español, supone la amenaza al gobierno y al Parlamento de Cataluña de que si no asumen la “suspensión cautelar” y cancelan cualquier tipo de medida que vaya en el sentido de la resolución, es decir de la “desconexión”, esto podría acarrear sanciones administrativas e incluso penales.

Las advertencias van dirigidas contra los miembros del gobierno catalán, presidido por el nacionalista moderado Carles Puigdemont, y contra los integrantes de la Mesa del Parlamento, incluida su presidenta, Carme Forcadell, una activista a favor de la independencia y que ha sido una de las principales líderes del movimiento separatista de los últimos cinco años.

El Tribunal se ha limitado a dar trámite al incidente y a conceder un plazo de 20 días al Parlamento catalán para que presente alegaciones, y también al fiscal del Estado, representante legal del gobierno español, para que informe sobre la petición de nulidad.

Cuando reciba esa documentación, decidirá sobre si anula definitivamente la hoja de ruta independentista -que incluye un referéndum unilateral.

El alto tribunal tampoco ha resuelto si aplica las medidas de naturaleza coercitiva que había solicitado la Abogacía del Estado: entre ellas, la deducción de testimonio contra la presidenta de la Cámara catalana para que la Fiscalía inicie una investigación penal por un presunto delito de desobediencia.