El Gobierno de Argentina evalúa realizar incrementos al servicio de gas residencial iguales o menores al 300 por ciento, o una actualización semestral de las tarifas del sistema.

Tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia que frenó los aumentos de gas en usuarios residenciales y abrió la puerta para la judicialización del resto de los servicios (agua y luz), el Estado planifica salidas que le permitan adecuarse al concepto de "gradualidad" que les exigió la sentencia del máximo tribunal, sin tener que dar su brazo a torcer.

Fuentes del Ministerio de Energía y de la cartera de Hacienda confirmaron al medio argentino Ámbito que "se trabaja con miras a la audiencia pública" del 16 de septiembre, con el objetivo de discutir el nuevo cuadro tarifario y consensuar un incremento escalonado en la previa a las consultas a la población.

En tanto, centrales sindicales, organizaciones sociales, políticas, estudiantiles, religiosas, pymes, comerciantes y pequeños productores, organizan la primera movilización nacional de "gran articulación popular", "para terminar con el tarifazo, los despidos y el ajuste”.

Los protestantes saldrán de distintas partes del país e iniciarán su recorrido de 8 kilómetros desde el 31 de agosto hasta el 2 de septiembre, cuando se concentrarán en la Plaza de Mayo, en Buenos Aires.

La denominada Gran Marcha Federal tendrá cinco grandes columnas, dos de ellas saldrán del sur, dos del norte y una de la región del Cuyo.

La movilización servirá, según las organizaciones convocantes, para denunciar que “se está viviendo una situación de exclusión y marginación que era imposible de imaginar hace pocos meses, multiplicándose exponencialmente la cantidad de comedores y la concurrencia para alimentarse a los comedores de las escuelas”.