Luego de un receso el Congreso reanudará sus sesiones este martes con la discusión del proyecto que creará la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), corazón del acuerdo con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP).

“Este es uno de los proyectos más importantes del acuerdo de paz, porque es el que va a imponer justicia a los miembros de la guerrilla, conceder el derecho que tienen las víctimas a la justicia, ofrecer verdad a la sociedad colombiana”, señaló el presidente del órgano legislativo, Mauricio Lizcano Arango.

Igualmente, está prevista para el miércoles venidero una reunión de las comisiones primeras de Cámara y Senado para iniciar la modificación de la Ley 5, que permite la participación de los voceros de paz en el Congreso de la República, durante la implementación del acuerdo de paz con las FARC-EP.

“La participación de las FARC-EP en el legislativo, será sin voto, y durará alrededor de seis meses, únicamente para el debate de las leyes y las reformas constitucionales que se tramitan para ejecutar lo pactado en La Habana”, explicó Lizcano Arango:

Con anterioridad, el Parlamento aprobó la Ley de amnistía (para los miembros de esa guerrilla) y de tratamientos jurídicos especiales (para militares), primera del paquete encaminado a implementar el trascendental consenso con las FARC-EP, con fecha de 24 de noviembre.

Por lo que los debates en torno a la JEP en el Capitolio son medulares con el fin de conformar el sistema de justicia transicional (permite pasar de un escenario de guerra a la paz) y transcurrirán en medio de acalorados análisis, opinan investigadores quienes no descartan la férrea oposición del partido Centro Democrático, tradicional detractor de las negociaciones con ese grupo y sus resultados.

Calculamos que dicha discusión demore 30 o 40 días y, promulgado ese acto, se tramitará una ley estatutaria que reglamente la parte operativa del Tribunal de Paz; explicó el representante a la Cámara Hernán Penagos, coordinador ponente, citado por el periódico.

Aunque el Congreso apruebe la Justicia Especial para la Paz, no se podrá poner en marcha de inmediato; aún hará falta la conformación del Comité de Escogencia y la selección de los comisionados de la verdad, de los magistrados, jueces y fiscales, junto a otros pasos.

Actualmente el Gobierno y ese movimiento guerrillero, el mayor del país, impulsan la adecuación de los puntos y zonas (26 en total) donde los insurgentes deberán abandonar las armas y comenzarán a prepararse para su reincorporación a la vida civil.

Ambas fases son verificadas por un mecanismo tripartito compuesto por voceros del Ejecutivo, de las FARC-EP y una misión política coordinada y financiada por Naciones Unidas.

La habilitación de dichos escenarios en los cuales son construidos campamentos temporales y la tramitación normativa en el Congreso son dos de los ejes esenciales del llamado período de postconflicto, iniciado a finales del año previo.

¿Qué es la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP)?

Según determina el acuerdo de paz, la JEP será una jurisdicción especial que tendrá funciones judiciales autónomas sobre asuntos de su competencia, especialmente, en lo relacionado con conductas consideradas graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario o graves violaciones a los derechos humanos.

Es la encargada de juzgar los crímenes de todos los guerrilleros que se acojan. Una vez en funcionamiento, a ella entrarán miembros de las FARC-EP excarcelados en donde las diferentes salas que esta tendrá (como la Sala de Amnistía e Indulto, la Sala de Verdad y reconocimiento de responsabilidad, la Sala de definición de situaciones jurídicas o la Sección de Revisión del Tribunal para la Paz) para que se defina la situación legal y jurídica.

Este esquema juzgará los delitos que hayan sido cometidos en ocasión del conflicto armado y su funcionamiento está previsto por diez años. También tendrá un plazo posterior de cinco años, que podrá ser prorrogado, para que se concluyan actividades jurisdiccionales.

Los magistrados que integrarán el Tribunal de la jurisdicción serán colombianos, no habrá extranjeros, sin embargo, se admite participación de “amicus curiae” (“amigo del tribunal”) con voz, pero sin voto. Este fue uno de las modificaciones que se le hizo al acuerdo por petición de la oposición en la renegociación.

A esta jurisdicción también se podrán acoger agentes del Estados que estén implicados en delitos que se hayan cometido en medio del conflicto armado.