Este lunes 30 de enero el presidente de Argentina, Mauricio Macri, formalizó por decreto la Ley de Migraciones (ley N° 25.871) según el Boletín Oficial del Gobierno argentino. Los cambios buscan reducir los plazos para definir la expulsión de un extranjero con antecedentes penales.

"La necesidad de trabajar incesantemente en el perfeccionamiento del orden normativo migratorio adquiere especial importancia frente a fenómenos actuales como la globalización, la internacionalización del turismo y el crecimiento del crimen organizado internacional", indica el texto

Según el decreto publicado en el Boletín Oficial "la población de personas de nacionalidad extranjera bajo custodia del Servicio Penitenciario Federal se ha incrementado en los últimos años hasta alcanzar en el 2016 el 21, 35 por ciento de la población carcelaria total", y que en los delitos "vinculados a la narcocriminalidad, un 33 por ciento de las personas bajo custodia del Servicio Penitenciario Federal son extranjeros".

Este ha sido el argumento expuesto por el Gobierno para realizar las modificaciones a la Ley de Migraciones y han señalado que estar ante "una situación crítica que amerita la adopción de medidas urgentes".

El boletín indica que "Los extranjeros serán admitidos para ingresar y permanecer en el país en las categorías de 'residentes permanentes', 'residentes temporarios', o 'residentes transitorios'" y que "hasta tanto se formalice el trámite correspondiente, la Autoridad de Aplicación podrá conceder una autorización de 'residencia precaria', que será revocable por la misma" y que su "validez será de hasta noventa (90) días corridos, pudiendo ser renovables hasta la resolución de la admisión solicitada".

En cuanto a los motivos por los que se les impedirá el ingreso a inmigrantes, el decreto 70/2017 señala la entrega a las autoridades nacionales de documentación que tenga algún tipo de falsedad, la omisión de antecedentes penales que será sancionado con una prohibición de reingreso por cinco años. También "haber sido condenado o estar cumpliendo condena, o tener antecedentes o condena no Firme" en Argentina o en el exterior "por delitos que merezcan según las leyes argentinas penas privativas de libertad".

También se menciona que se "hace indispensable modificar la Ley N° 346 de Ciudadanía, a fin de precisar que es requisito tener residencia permanente o temporaria de forma continua en los dos (2) años anteriores, a los efectos del cómputo del arraigo necesario para acceder a la nacionalidad por naturalización".

En contra de la Ley

Tras la aprobación y publicación en el Boletín Oficial del Gobierno, las agrupaciones de migrantes han denunciado su temor a que gracias a estas reformas se inicie una persecución hacia las personas sin papeles o con documentación en trámite. “Dicen que es para combatir el delito, pero van por el que no tiene su situación regularizada”, denunció la Red Argentina de Migrantes en diálogo con el sitio "El Destape".

La Comisión Argentina para los Refugiados y Migrantes (Caref) se pronunció en contra de la reforma y señaló que “Una irregularidad administrativa no es un delito”, “Se invirtió la dinámica de políticas migratorias. Ahora la persona tiene que demostrar que su situación es regular y apurarse a hacer los trámites. El estado no facilita y solo aumentaron los controles de permanencia, con lógica de perseguir”.