"Lo que está ocurriendo es acorde al orden legal. Hay jueces que han ordenado esto. Estas medidas se están tomando en un contexto específico", justificó en rueda de prensa el portavoz comunitario, Margaritis Schinas.
El cierre de los medios privados es más un intento de Madrid de impedir la realización de la consulta popular convocada por el gobierno autónomo catalán (Generalitat) para el próximo 1 de octubre y declarada ilegal por el Tribunal Constitucional español.
También cuestionada al respecto, la comisaria europea de Sociedad Digital, Mariya Gabriel, afirmó que se trata de una “cuestión interna” de España, por lo que no cabe a la Comisión Europea pronunciarse, aunque sí sigue el asunto “de cerca”.
Varios periodistas tacharon de “doble discurso” la posición del Ejecutivo europeo, recordando que sí ha criticado el cierre de periódicos o páginas web en Turquía, Rusia y otros países.
La CE también se pronunció este mismo martes en contra del referéndum de independencia en el Kurdistán iraquí.
"No nos podemos inventar competencias donde no las tenemos. La Comisión no tiene competencias o voz en lo que está ocurriendo en el orden constitucional de España", justificó Schinas.