La corte informó en un comunicado que “declaró la inconstitucionalidad y nulidad de la totalidad de la Ley de Cataluña 19/2017, del 6 de septiembre, denominada ‘del referéndum de autodeterminación’, suspendida cautelarmente el 7 de septiembre”.

Para ninguno de los ‘pueblos de España’ (...) existe un ‘derecho de autodeterminación’”, indicó el fallo unánime de los 12 jueces del Tribunal.

El ‘derecho’ a promover y consumar su secesión unilateral del Estado (...) no está reconocido en la Constitución”, agregó.

La sentencia del Tribunal también reprocha al Parlamento catalán haber dejado a los ciudadanos “a merced de un poder que dice no reconocer límite alguno” y, por tanto, es arbitrario.

En el fallo, el Tribunal espeta además al Legislativo catalán que “un poder que niega expresamente el derecho, se niega a sí mismo como autoridad merecedora de acatamiento”.

La ley por la que se convocó el referéndum fue suspendida al día siguiente de ser votada por el Parlamento catalán, en una caótica sesión que fue calificada por diputados unionistas como “golpe de Estado” de la mayoría independentista.

Sin embargo, el gobierno local insistió en realizarlo el 1 de octubre, pese a los esfuerzos de Madrid y de la justicia por impedirlo, y estuvo marcado por la violencia policial.

La consulta, que no contó con las garantías electorales habituales, fue ganada por el sí a la independencia con 90% de los votos y 43% de participación, es decir, 2.2 millones de los 5.3 millones de personas habilitadas para votar.

El gobierno central insiste en que las autoridades catalanas están en la “ilegalidad” y amenazan con suspender, en parte o en su totalidad, la autonomía de Cataluña.

Desde 2014, la justicia española ha anulado sistemáticamente las decisiones y resoluciones del Ejecutivo y del Parlamento de Cataluña destinadas a la organización de un referéndum de autodeterminación.
REINO UNIDO APOYA LA UNIDAD ESPAÑOLA

La primera ministra británica, Theresa May, informó ayer al presidente español, Mariano Rajoy, que su país “no reconocería” una declaración de independencia de Cataluña.

En una conversación telefónica, May afirmó que el referéndum “no tenía base legal” y que “cualquier declaración unilateral de independencia sería inconsistente con la legalidad”, informó un portavoz de Downing Street.

La premier, que esta semana ha conversado sobre sus planes del Brexit con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y la canciller de Alemania, Angela Merkel, abordó también con Rajoy la marcha de las negociaciones entre Londres y Bruselas.

EXIGEN LIBERTAD PARA LÍDERES INDEPENDENTISTAS
Unas 200 mil personas se manifestaron ayer por la noche en la capital de Cataluña contra el encarcelamiento de dos influyentes líderes independentistas acusados de sedición.

Al grito de “independencia”, y portando velas, la multitud marchó por el centro de la ciudad para reclamar la liberación de Jordi Cuixart y Jordi Sánchez, de las organizaciones Omnium Cultural y Asamblea Nacional Catalana.

Ambos fueron encarcelados a la espera de un posible juicio por la jueza Carmen Lamela, de la Audiencia Nacional, sospechosos de haber convocado, dirigido y arengado el 20 de septiembre en Barcelona una protesta contra la Guardia Civil.

La manifestación de la noche culminó una jornada de movilizaciones. A mediodía, miles de empleados abandonaron sus puestos de trabajo en Barcelona y otras localidades catalanas para exigir en silencio “la liberación de los presos políticos”.

En la plaza de Sant Jaume, el presidente de Cataluña, Carles Puigdemont, acompañado de parte de su gobierno, se unió a manifestantes, que gritaban “libertad”, “independencia” y “la represión no es la solución”.

El ayuntamiento de Barcelona suspendió actividades hasta mañana “en solidaridad” con los detenidos.

fiscalía quiere en prisión al jefe de la policía catalana

La Fiscalía de la Audiencia Nacional solicitará ampliar al 1 de octubre, día en el que se celebró el referéndum, la investigación al jefe de la policía catalana (Mossos d’Esquadra), Josep Lluis Trapero, por un delito de sedición.

El lunes, la jueza Carmen Lamela dejó en libertad con medidas cautelares a Trapero, acusado en la misma causa que Jordi Cuixart y Jordi Sánchez. La decisión, entre otros motivos, porque el Ministerio Público no había ampliado su denuncia al 1 de octubre.

Por ello, la Fiscalía tiene previsto presentar un nuevo informe, o bien, ampliar la denuncia ya apresentada.

-AFP y EFE

CARLES PUIGDEMONT IGNORARÁ EL ULTIMÁTUM DE RAJOY
El presidente de Cataluña, Carles Puigdemont, evitará responder si declaró o no la independencia e insistirá en pedir diálogo al gobierno central cuando se cumpla mañana el ultimátum que le fijó el gobierno central de Mariano Rajoy.

Así lo adelantó ayer el portavoz del gobierno catalán, Jordi Turull. “El ‘Govern’ no se moverá. ¿Quieren sentarse a hablar, sí o no? El jueves veremos si siguen en la represión o si quieren hablar; hablar sin condiciones”, dijo en rueda de prensa.

Rajoy pidió a Puigdemont que aclarara a más tardar el lunes pasado si declaró la independencia unilateral de Cataluña la semana pasada, cuando hizo ese anuncio en el Parlamento de la región, pero luego lo suspendió para pedir mediación internacional y diálogo.

Llegado ese primer plazo, Puigdemont envió el lunes una carta a Rajoy sin responder al requerimiento y pidiendo en cambio dos meses de diálogo.

Rajoy respondió que la vuelta a la legalidad es condición previa a cualquier diálogo y fijó un segundo plazo definitivo a Puigdemont para que aclare a más tardar mañana si hubo o no independencia. A juzgar por Turull, la respuesta será la misma que el lunes.

En ese caso, Rajoy seguiría adelante con la aplicación del artículo 155 de la Constitución, que le permite tomar “las medidas necesarias” para que una región cumpla con sus obligaciones. Sería un paso inédito en 40 años de democracia.

Aunque no está claro qué consecuencias tendría la aplicación del 155 –apoyada por el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), primera fuerza de la oposición, y Ciudadanos–, los analistas creen que Madrid lo usaría para reemplazar parte del gobierno de Puigdemont, intervenir la policía de Cataluña y convocar elecciones en la región.

Con la insistencia en el diálogo, Puigdemont intenta delegar en Rajoy la ruptura final de las perspectivas de negociación en la grave crisis institucional creada por su desafío secesionista.