El presidente, Juan Manuel Santos, al conocer ese fallo, afirmó: “Hoy mismo la Corte Constitucional declaró exequible este acto legislativo. Es una gran noticia”.

La Corte consideró que el Acto Legislativo 01 de 2017, que dio origen a la JEP, “en general cumplió con todos los requisitos que están previstos en la Constitución y en la ley”, explicó el presidente de la Corte Constitucional, Luis Guillermo Guerrero.

Hoy quiero hacer un llamado vehemente al Congreso de la República. Este ha sido el Congreso de la Paz, un Congreso que ha asumido –hasta ahora– la responsabilidad histórica de ayudarnos a acabar una guerra interna de más de medio siglo (...). Ahora nos quedan cerca de dos semanas para aprobar, mediante el procedimiento de la vía rápida, importantes normas que desarrollan el acuerdo de paz, y el Congreso no puede ser inferior a esta tarea trascendental. En particular, me refiero a la ley que reglamenta la Justicia Especial para la Paz, que es la columna vertebral del acuerdo”, afirmó el mandatario, según el diario colombiano El Espectador.

La paz de Colombia –así de sencillo– está ahora en la cancha del Congreso, y esperamos que el Congreso no les falle a las víctimas”, destacó.

Sobre la participación en política de los antiguos guerrilleros sin haberse sometido antes a la Justicia Especial para la Paz, el magistrado Guerrero explicó que la Corte encontró que el artículo transitorio 20 del Acto Legislativo lo permite, “en la medida en que suspende las condenas que estén en este momento rigiendo”.

Su participación en política no implica que no tengan que cumplir con sus obligaciones de decir la verdad y reparar las víctimas. De eso, precisamente, se trata un proceso de paz. Siempre ha sido así. Eso fue lo que se acordó. Y hay que cumplir”, aseveró Santos.

Como le dije a Timochenko (líder de las FARC) la primera vez que lo vi: posiblemente nunca estaré de acuerdo con su manera de pensar, pero –si dejan las armas y se comprometen con la verdad y con las víctimas– me haría matar para que puedan expresar sus opiniones libremente en los foros de la democracia. ¡No le tengamos miedo a la democracia! ¡Y no le tengamos miedo a la paz!”, recalcó.

Las sanciones contempladas en la JEP son de cinco a ocho años de restricción efectiva de la libertad para quienes acepten su responsabilidad en los delitos. Asimismo, las sanciones ordinarias, de 15 a 20 años de cárcel, las recibirán quienes no admitan responsabilidad y sean condenados.