La misión de investigación, creada en marzo de 2017 por el Consejo para investigar supuestos abusos cometidos en Myanmar, destacó que “hay suficiente evidencia para investigar y procesar a los lideres militares de Myanmar por genocidio”.

En un informe, publicado este lunes en Ginebra, el equipo investigador subrayó que las violaciones a los derechos humanos en los últimos meses en Rakhine “sin duda equivalen a los crímenes más graves del derecho internacional".

En agosto pasado, el ejército de Myanmar lanzó una campaña de limpieza en las aldeas Rohingya de Rakhine, asesinando a cientos de aldeanos y empujando a cientos de miles de personas a abandonar sus hogares y buscar refugio en el vecino Bangladesh, donde se encuentran cerca de un millón de refugiados.

El presidente de la misión de investigación, Marzuki Darusman, afirmó esta mañana durante la presentación del reporte que sus investigadores habían acumulado una gran cantidad de información primaria, basada en 875 entrevistas con testigos y víctimas, imágenes satelitales y fotos y videos verificados.

Marzuki dijo que la limpieza de los Roingya en Myanmar (antes Birmania) era "una de las violaciones de derechos humanos más impactantes" con las que se había encontrado, las cuales, agregó, "dejarán huella en todos nosotros por el resto de nuestras vidas".

La misión de investigación exhortó al Consejo de Seguridad de la ONU a referir a Myanmar a la Corte Penal Internacional (CPI), o crear un tribunal separado para investigar posibles actos de genocidio y crímenes de guerra.

“El Ejército y el gobierno de Myanmar dicen que su represión fue una respuesta directa a los ataques a los puestos fronterizos de un grupo de militantes rohingya, pero la misión concluye que las fuerzas armadas aumentaron los niveles de tropas en todo Rakhine a principios de agosto de 2017, semanas antes de los ataques del 25 de agosto”, indicó.

Esta acumulación fue significativa, requiriendo planificación logística y tiempo para implementar, lo que indica que ”las operaciones posteriores fueron previstas y planificadas", subrayó el reporte de la misión de investigación.

Los investigadores también acusan a la ONU de priorizar el desarrollo y el acceso humanitario en Myanmar, sin abordar las violaciones a los derechos a largo plazo, que “privaron a las minorías Rohingya de sus derechos, las segregaron y eventualmente las expulsaron”.

El informe concluye que el gobierno, encabezado por el líder de facto Aung San Suu Kyi, no planificó ni implementó las operaciones militares y tenía "poco margen" para controlar el Ejército. “Pero también hizo poco para prevenir la violencia, en lugar de defender a los militares y bloquear las investigaciones”, añadió.

"A través de sus actos y omisiones, las autoridades civiles han contribuido a la comisión de crímenes atroces", destacaron los investigadores de la ONU.

Christopher Sidoti, miembro del comité de investigación, instó al Consejo de Seguridad de la ONU y a la Asamblea General a actuar sobre los hallazgos del informe presentado este lunes, tras una investigación de casi cinco meses.

"Estamos convencidos de que la comunidad internacional tiene la clave para desmantelar el velo destructivo de la impunidad en Myanmar", subrayó.