Las preocupaciones por el futuro de la paz en Colombia, lo han expresado en las últimas semanas la Organización de Naciones Unidas, la Unión Europea, y la propia exguerrilla que se transformó en movimiento político con el nombre de Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC).

El presidente Iván Duque ha reiterado en todos los foros internacionales que respetará la implementación de los Acuerdos de Paz, pero mantiene su posición de hacerle algunas modificaciones al Acuerdo Final de Paz, que fue firmado en Bogotá el 24 de noviembre del 2016 por su antecesor Juan Manuel Santos.

El gobierno de Duque no hizo ningún acto oficial para conmemorar el II Aniversario de la Firma del Acuerdo de Paz, que fue el hecho político más importante en los últimos 60 años en Colombia, que permitió silenciar los fusiles y reducir de forma drástica los indicadores de violencia política en este país suramericano.

La reducción de la violencia en los dos últimos años, fue uno de los aspectos que destacaron Naciones Unidas y la Unión Europea, dos instancias internacionales que apoyan política y financieramente la implementación del Acuerdo de Paz con la insurgencia.

Igualmente resaltaron “el inicio del tránsito a la vida civil de más de 13 mil miembros de las FARC, incluyendo unos tres mil privados de libertad, la dejación y destrucción de unas nueve mil armas de todo calibre, de toneladas de explosivos y de decenas de miles de municiones”.

La transformación de la organización guerrillera en partido político y su participación electoral y parlamentaria, es otro de los logros importantes del Acuerdo de Paz, que resaltó las Naciones Unidas y la Unión Europea.

Gracias al pacto de paz, las pasadas elecciones en Colombia para elegir el Congreso y al presidente para el periodo 2018-2022, fueron las más pacificas en seis décadas, y más “allá de las dinámicas políticas, se puede observar en los territorios afectados por la confrontación una voluntad general de aprovechar las oportunidades derivadas del Acuerdo de Paz”.

Para estos dos organismos de la comunidad internacional “inseparable de la valoración del proceso de paz es el progreso hacia la verdad, la justicia y la reparación para las innumerables víctimas del conflicto”.

“Los avances han sido difíciles- anotaron- pero la Jurisdicción Especial para la Paz, que busca combinar el pleno respeto al debido proceso, la participación de las víctimas y sanciones restaurativas para los participantes en el conflicto está ahora en marcha”.

La Comisión de la Verdad está a punto de iniciar “su labor de esclarecimiento, reconocimiento y reconciliación en todo el país. Confiamos que, junto con la Unidad de Búsqueda de Desaparecidos, este Sistema de Verdad, Justicia y Reparación permita al país alcanzar el justo equilibrio entre las exigencias de la Justicia y los pre-requisitos de la paz”.

Estas preocupaciones expresadas por la comunidad internacional son compartidas por innumerables organizaciones sociales, humanitarias nacionales e internacionales y las propias FARC como partido político en la legalidad.

Para el jefe máximo de la FARC, Rodrigo Londoño, el Acuerdo de La Habana “constituyó un hito histórico, no sólo en el plano interno sino también en el internacional, por la rigurosidad de su contenido y las técnicas jurídicas empleadas para su elaboración, por su vocación de reconciliación, el pragmatismo y la celeridad con que fue alcanzado si se lo compara con otros procesos”.

El Acuerdo, según Londoño, “no fue del agrado de todas las fuerzas políticas de la vida colombiana. Pero eso lo hace mucho más meritorio. Persisten desafortunadamente en nuestro país intereses reprochables por el fomento del odio y la venganza, que hubiesen preferido la continuación de la guerra de más de medio siglo, convencidos de su victoria militar, del mismo modo que se la propusieron fallidamente más de una decena de gobiernos”.

“Han sido sucesivas violaciones al Acuerdo Final. Por vía de interpretación jurisprudencial, consideramos las más graves la exclusión de la competencia obligatoria de la JEP (Jurisdicción Especial para la Paz) sobre los civiles o agentes del Estado no pertenecientes a la Fuerza Pública”, señaló.

Entre las alteraciones del Acuerdo de Paz “por la vía de la implementación legislativa, sin duda las más graves se han producido con la aprobación de la Ley 1922 de 18 de julio de 2018 de reglas de procedimiento para la Jurisdicción Especial de Paz, norma que introduce exclusiones y modificaciones al Acuerdo Final”.

Las más graves, según el jefe del partido FARC, sin duda son “la creación de tratamientos y procedimientos separados para las fuerzas militares y la prohibición de investigar conductas presuntamente cometidas por miembros de las fuerzas armadas o agentes del Estado cuando se presuma la existencia de planes criminales, la existencia y estructura de una organización criminal o sus redes de apoyo, o la existencia de patrones macro criminales de ataque a la población civil”.

El editorial del influyente diario El Tiempo, también hizo una recopilación de los logros positivos de la paz y los problemas que enfrenta la implementación del Acuerdo de Paz, y en su conclusión señaló que es más complejo construir la paz que firmarla.

“El camino es corregir lo que anda mal, pero, ante todo, perseverar y cuidar como un tesoro los logros alcanzados”, recomendó el editorial a los líderes políticos y sociales de Colombia.