El pasado domingo 2.2 millones de personas votaron en un proceso que el Gobierno central considera ilegal como medio para expresar su deseo de que la región de Cataluña (7.5 millones de habitantes) pueda decidir sobre la soberanía del territorio.

La convocatoria inicial de una consulta oficial y el proceso informal finalmente desarrollado el día 9 habían sido recurridos por el Ejecutivo español ante el Tribunal Constitucional, que al admitirlos a trámite los había suspendido.

La querella, que se presentará ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, se dirige contra Mas, la vicepresidenta del Gobierno catalán, Joana Ortega, y la consejera de Enseñanza, Irene Rigau.

El escrito que ultima la Fiscalía se podría dirigir también contra el titular de la consejería vinculada con la confección de las papeletas del 9N, elaboradas por presos de las cárceles catalanas.

Algo más de dos millones de personas depositaron papeletas en urnas repartidas por toda la región, con un ochenta por ciento de votos favorables a una hipotética independencia.

Poco antes de conocer esa noticia el propio Mas se había pronunciado por la posibilidad de que la fiscalía se querellara contra él, ya que el ministerio público había abierto una investigación por el 9N.

Mas dijo que tanto él como su ejecutivo están "muy tranquilos" y no tienen "miedo" de las acciones de la Fiscalía porque están convenidos de que no han hecho nada ilegal.

Precisó que se trata de cumplir con un "mandato muy claro" de una mayoría de catalanes que quiere ejercer el derecho a decidir y en este objetivo, ha aseverado, está dispuesto a "arriesgar".