Mi vida se destruyó, a mí me mataron la mañana del 25 de mayo (del 2000) y he sacado el valor amparándome en el periodismo, que ha sido mi oxígeno para seguir adelante", dijo Bedoya durante una audiencia virtual frente a jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Según su testimonio, en ese entonces trabajaba para el diario El Espectador, cuando un grupo de paramilitares la secuestró frente a la cárcel La Modelo de Bogotá y posteriormente la torturó y violó durante 16 horas, antes de abandonarla desnuda al borde de una carretera.

Bedoya investigaba una red de tráfico de armas en el centro penitenciario y su rapto se dio con complicidad de agentes del Estado, especialmente de un "influyente" general de la Policía, de acuerdo con el relato.

Los paramilitares, algunos ya condenados por esta agresión, fueron milicias de ultraderecha que combatieron a sangre y fuego a las guerrillas izquierdistas en Colombia, hasta su desmovilización en 2006.

La audiencia pública ante el órgano judicial de la Organización de los Estados Americanos (OEA) sigue en curso y todavía no hay fecha sobre el pronunciamiento definitivo de la Corte.

Durante más de dos décadas, Bedoya asegura haber sido víctima de "persecuciones, intimidaciones (y) amenazas constantes", sin que su caso se haya esclarecido.

La comunicadora pidió medidas de protección para ella y su madre, así como el cierre de la cárcel La Modelo, "la oficina desde donde se conectaba todo el crimen del país en ese momento" y "símbolo de impunidad".

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ente autónomo de la OEA, remitió este caso a la Corte en 2019 por considerar que el Estado colombiano incumplió las recomendaciones que le había hecho de investigar lo ocurrido y adoptar medidas de no repetición, protección, prevención y reparación de los daños.

Según la Comisión, el Estado sabía del riesgo que corría la periodista, pero no actuó para protegerla.

En respuesta a lo que consideró una "falta de objetividad" por parte de los jueces, el representante del Estado colombiano, Camilo Gómez, se retiró de la audiencia y anunció que solicitará su recusación.

El caso de Bedoya es emblemático de la violencia sexual derivada del conflicto armado, que en seis décadas ha dejado más de nueve millones de víctimas.

Los fallos de la Corte IDH, con sede en San José de Costa Rica, son definitivos e inapelables.