El fiscal Alberto Nisman, que investiga el atentado, pidió a un juez federal que se convoque a Fernández y a Timerman, entre otros, a una declaración indagatoria y solicitó un embargo preventivo de bienes por 200 millones de pesos (23.3 millones de dólares).

Según el fiscal, el gobierno buscó "desincriminar" a los acusados iraníes del atentado con el objetivo de restablecer las relaciones diplomáticas y comerciales entre ambos países.

Argentina, que sufre un déficit energético de unos 7 mil millones de dólares, buscaba comprar petróleo a cambio de granos y armas, señaló el fiscal.

"Mientras el poder Ejecutivo hablaba de justicia y verdad, en los hechos había acordado impunidad", dijo Nisman en declaraciones a periodistas.

"Acá no hay nada personal contra nadie. No me causa ninguna gracia lo que estoy haciendo (...) porque institucionalmente es gravísimo, pero no tengo más remedio que hacerlo porque tengo las pruebas y si no, cometo encubrimiento", agregó el fiscal.

Nisman dijo que parte de las pruebas que presentó ante el Juez Federal Ariel Lijo son audios de conversaciones entre personal del servicio de inteligencia, dirigentes políticos y funcionarios iraníes.

La justicia argentina ha acusado por el atentado a ocho iraníes, entre ellos ex funcionarios, que el Gobierno del país asiático se ha negado a entregar a pesar de que pesa sobre ellos una orden de captura de Interpol.

Acusaciones "ridículas"

El secretario general de la Presidencia, Aníbal Fernández, desestimó las acusaciones y las describió como "ridículas" en declaraciones a un canal de televisión estatal.

Además de la presidenta Fernández y Timerman, la acusación de autores y cómplices de "encubrimiento agravado" incluye a un diputado nacional, personal de la Secretaría de Inteligencia, dirigentes políticos y un ex fiscal.

La pena máxima que les cabe es de seis años de prisión, según la legislación nacional.

La voladura del edificio central de la AMIA, una histórica mutual de servicios sociales para la comunidad judía, en el centro de Buenos Aires conmovió profundamente al país en 1994. Dos años antes, otra bomba había destruido la embajada de Israel en la capital de Argentina.

A principios de 2013, Argentina firmó un memorando de entendimiento con Irán con la expectativa de avanzar en la investigación del atentado e interrogar a los sospechosos de haber participado en el ataque.

Sin embargo, el acuerdo no entró en vigencia debido a que el Parlamento de Teherán no lo refrendó y porque una corte de Justicia argentina lo suspendió por considerarlo anticonstitucional, pese a que había sido aprobado por el Congreso local.

El senador Miguel Angel Pichetto, del partido gobernante Frente para la Victoria, dijo en declaraciones a la agencia oficial Telam que la denuncia de Nisman "es demencial".

"El objetivo era que los imputados prestaran declaración indagatoria y que el juez viajara para poder tomarla, todo lo contrario a lo que se sostiene en la denuncia", agregó el senador.

Sin embargo, Nisman consideró que el acuerdo con Irán se firmó una vez que estaba acordado desviar la investigación.

"El memorándum no es el inicio de un proceso de negociación (...). El memorándum es la culminación de un proceso de impunidad que se firma una vez que la impunidad está acordada", dijo Nisman.

"El delito es que lo que se acuerda es la impunidad de los iraníes: 'no los vamos a involucrar, los vamos a desinvolucrar'. Esto lo ordena la presidenta y lo instrumenta Timerman, entre otras personas", agregó el funcionario judicial.