En la recomendación contra el subsistema educativo, la CEDH emplazó a la reparación del daño en virtud de que Juan Narcizo Ramos Montiel, Edgar Tepatzi Flores y Guillermo José María González del Razo -ex jefe de recursos humanos, ex subdirector jurídico y ex director administrativo, todos del Cobat- deliberadamente omitieron pagar a la quejosa la pensión alimenticia que debían descontar a su ex esposo.

En la recomendación dirigida a David Flores Leal, director general del Cobat, el organismo autónomo instruyó que se calculen y reintegren los montos que por pensión dejo de percibir la quejosa debido a la omisión de los ex servidores públicos del subsistema.

Además, la CEDH remitió copia certificada de la recomendación 03/2015 a la Contraloría del Ejecutivo, a fin de que se inicie procedimiento administrativo en contra de Juan Narcizo Ramos Montiel y, una vez sustanciado, se sancione como en derecho corresponda.

Respecto de la recomendación contra el cabildo de Altzayanca, el órgano garante de los derechos humanos requirió a las autoridades municipales que tramiten procedimiento administrativo contra 13 servidores públicos, entre los que se encuentran Vital Rodríguez Rodríguez y José de Jesús Paredes García, presidente y ex presidente municipal de esa demarcación.

El resolutivo de la CEDH demandó que también se inicie procedimiento administrativo contra Gustavo Parada Matamoros, Gastón Lima Luna y Pablo Pérez Cervantes, síndico, secretario del ayuntamiento y presidente de comunidad de Nexnopala en el trienio 2011-2013.

Dado que la conculcación a derechos humanos se mantiene hasta la presente administración municipal de Altzayanca, la CEDH pidió que se inicie procedimiento administrativo contra Juan Antonio Vázquez Herrera, auxiliar del Ministerio Público; Mireya García Alcántara, regidora de seguridad pública; Herminia Lara Cerón, regidora de derechos humanos; Leonel Pérez Montiel, presidente de comunidad de Nexnopala; Eduardo Hernández Pozos, director de seguridad pública; Miguel Salamanca Quiroz,

comandante; Ricardo Lima Téllez, secretario del ayuntamiento, y Víctor Pérez Tapia, director de obras públicas.

Y es que, derivado del expediente de queja CEDHT/CVG/12/2013-HUA, el organismo autónomo determinó que los servidores públicos señalados como responsables no realizaron las gestiones que marca la ley para poder afectar un predio, propiedad del quejoso, para la apertura de un camino.

Por ello, además, la CEDH remitió copia certificada de la recomendación y del expediente de queja a la Procuraduría General de Justicia del Estado para que continúe con el trámite de la averiguación previa 8/2014/TLAX-3, iniciada por los delitos de abuso de autoridad, amenazas, despojo y daño en las cosas en contra de los servidores públicos de la pasada y la actual administración municipal.

La recomendación 02/2015 también estableció que las autoridades municipales de Altzayanca deben indemnizar al quejoso por los daños que le fueron causados con la apertura arbitraria de un sendero en un predio de su propiedad. (Boletín)