La Jornada.- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) exigió que se investiguen de manera pronta y exhaustiva los hechos de violencia en el penal de Topo Chico, para determinar las responsabilidades existentes, no sólo entre los autores materiales directos de las agresiones, sino también entre autoridades “que permitieron o propiciaron que tales hechos se verificaran”.Resaltó que desde hace varios años advirtió, a través de sus Diagnósticos Nacionales de Supervisión Penitenciaria, sobre las deficiencias en el penal, relacionadas con integridad de internos, estancia digna, gobernabilidad, reinserción social y requerimientos específicos.
“El centro (de readaptación social) obtuvo calificaciones mayormente reprobatorias, la última de las cuales, correspondiente a 2014, fue de 5.72”, subrayó el organismo.
Apuntó que si una persona se encuentra privada de su libertad, “no implica la pérdida de su dignidad, ni de los derechos inherentes a la misma, por lo que es responsabilidad directa de las autoridades de los centros de internamiento asegurar el respeto a los derechos humanos de quienes están en reclusión”.
La CNDH advirtió que su Tercera Visitadora General, Ruth Villanueva Castilleja, realizó, entre ayer y hoy, dos recorridos por el penal para conocer de primera mano las versiones de los internos sobre lo ocurrido, así como de sus familiares.
Y tras verificar el grado de implementación de las medidas cautelares que demandó la CNDH, señaló que la funcionaria constató acciones de violencia contra mujeres internas y sus pertenencias, por lo cual solicitó medidas cautelares en su favor.
Especialmente, en lo que se refiere a que sean proporcionados alimentos suficientes y en buen estado a las internas y a quienes tienen hijos viviendo con ellas, así como agua y atención médica.
Asimismo, para que les permitan tener comunicación telefónica con sus familiares, y para que se les respeten sus objetos de aseo y de uso personal, todo dentro de las normas establecidas.
La CNDH reiteró que las autoridades competentes, en los distintos niveles y órdenes de gobierno deben emprender acciones decididas y pertinentes para atender los graves problemas que se presentan en los distintos centros penitenciarios del país, para prevenir que se repitan hechos como los sucedidos.