Al hacer el estudio, la comisión dictaminadora consideró necesario armonizar el marco jurídico estatal con la legislación federal en materia de transparencia, a fin de fortalecer el derecho humano de acceso a la información pública. Se destacó que la nueva Ley permitirá a cualquier persona conocer de manera clara, completa y verificable la actuación de las autoridades mediante procedimientos accesibles y homogéneos para todos los sujetos obligados.
En la exposición de motivos, se resalta la necesidad de expedir el nuevo ordenamiento para actualizar obligaciones y armonizar los procedimientos conforme a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. La Ley Local establece reglas para la organización, conservación, publicación y entrega de información pública; define las obligaciones de transparencia comunes y específicas; fijas plazos de respuesta; prevé la orientación a solicitantes, y establece facultades de verificación para las autoridades garantes, con el propósito de otorgar certeza jurídica tanto a instituciones como a la ciudadanía.
Asimismo, la legislación garantiza mecanismos accesibles para presentar solicitudes, recibir respuestas oportunas y, en su caso, impugnar determinaciones de los sujetos obligados, lo que permitirá a la población ejercer plenamente su derecho al acceso a la información pública para vigilar el quehacer institucional y participar informadamente en la vida pública.
Tras la aprobación del Dictamen con Proyecto de Ley, se instruyó su remisión al titular del Poder Ejecutivo para su sanción y publicación correspondiente. (Boletín)