Entre los cambios significativos en el nuevo funcionamiento de la Corte que marca la reforma en materia del poder judicial promulgada por Andrés Manuel López Obrador (AMLO) esta reducción de 11 a 9 ministros elegidos a través de elección popular, así como el periodo de su mandato que irá de 15 a 12 años, con reducción de su salario al no poder ganar más que la presidencia de la república.
Dentro de esta reconfiguración se estable también la eliminación del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), quien actualmente es encargado de la administración y disciplina judicial; ahora es reemplazado por dos nuevos órganos, el de Administración Judicial y el Tribunal de Disciplina judicial.
Los recursos de amparo y las controversias constitucionales serán ajustadas para enfocarse en temas relevantes de derechos humanos y omisiones, además la Defensoría Pública federal será fortalecida y la formación judicial se profesionalizará a través de la Escuela Federal de Formación Judicial.
¿Quiénes son los nuevos ministros de la corte?
Las nuevas ministras son Lenia Batres Guadarrama, Yasmín Esquivel Mossa, Loretta Ortiz Ahlf, María Estela Ríos González y Sara Irene Herrerías Guerra, todas con trayectoria en el ámbito jurídico, legislativo y en la defensa de derechos humanos.
En cuanto a los nuevos ministros, la ciudadanía eligió a Hugo Aguilar Ortiz, abogado mixteco con experiencia en la defensa de los pueblos indígenas, quien además fue el candidato más votado lo que le permitió llegar a la presidencia de la Corte; Giovanni Azael Figueroa Mejía, académico constitucionalista; Irving Espinosa Betanzo, con trayectoria en la Consejería Jurídica de la Ciudad de México; y Arístides Rodrigo Guerrero García, especialista en derecho constitucional y transparencia.
Esta conformación marca un hecho histórico al ser la primera Suprema Corte renovada por la vía electoral, con un perfil mayoritariamente cercano al oficialismo, lo que abre un nuevo capítulo en la relación entre el Poder Judicial y el Ejecutivo.
De acuerdo datos de la Corte, los ministros entrantes recibirán un acumulado de 1, 440 asuntos pendientes de resolución, repartidos de la siguiente forma:
- -313 asuntos admitidos, pero aún no turnados.
- -62 controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad en trámite.
- -290 casos turnados y en proceso de ponencia.
- -331 casos ya entregados en ponencias, pero aún sin resolución.
Este cúmulo de expedientes se suma a asuntos de fuerte repercusión política, económica y social. Entre los más relevantes se encuentran los juicios fiscales y amparos promovidos por Grupo Elektra y Ricardo Salinas Pliego, relacionados con adeudos millonarios al fisco. El SAT estima que los montos involucrados superan los 74 mil millones de pesos.
Asimismo, la nueva Corte deberá resolver controversias derivadas de las reformas aprobadas durante el denominado “viernes negro” (abril de 2023), que fueron cuestionadas por posibles violaciones al procedimiento legislativo. Entre esas reformas figuran el decreto que transfería control operativo del Tren Maya a la SEDENA y modificaciones a la Ley del ISSSTE sobre créditos de vivienda.
También se incluye la impugnación a la reforma de junio de 2024 que facultaba al presidente para emitir amnistías directas, una medida señalada por la oposición como una invasión a las atribuciones del Congreso y que ahora corresponde analizar a la nueva Corte.
A este panorama se suma la discusión sobre la prisión preventiva oficiosa, figura declarada contraria a la Convención Americana de Derechos Humanos por la Corte Interamericana (CIDH), y que también forma parte del cúmulo de asuntos. (Enfoque Noticias)