En diciembre de 2025 el municipio de Othón P. Blanco y la Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable (SEDETUS) de Quintana Roo aprobó modificar el Programa de Desarrollo Urbano (PDU) para cambiar el uso de suelo de 107.67 hectáreas en Mahahual. Con esta decisión, las autoridades abren la puerta para la construcción del parque acuático Perfect Day.
El megaproyecto proyecta convertirse en un destino turístico para 2027, con toboganes de más de 50 metros, incluyendo la atracción denominada “Jaguars Peak”. Con una inversión de mil millones de dólares, el desarrollo pretende ocupar 80 hectáreas y, aunque el poblado de Mahahual cuenta apenas con tres mil habitantes, el parque planea recibir hasta 21 mil visitantes diarios.
Esta desproporción es una de las críticas centrales de la comunidad, que observa con alarma cómo el proyecto ignora la realidad de una zona donde, en el Kilómetro 55, la mayoría de los habitantes carece de servicios básicos. Muchos resuelven sus necesidades de agua mediante pozos, fosas sépticas y biodigestores, al no contar con red de drenaje ni acceso a inversión pública para abatir este rezago.
Irma del Carmen Morales Cruz, abogada de la asociación civil Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano (DMAS), explicó a El Sol de México que Mahahual no tiene capacidad para manejar las seis mil trescientas toneladas de basura anuales que generaría el parque, lo cual agravaría la crisis de servicios públicos que ya padecen los habitantes.
La activista señaló que el cambio de uso de suelo es un trámite que requiere de tiempo, no obstante, las autoridades de Quintana Roo concretaron este cambio en menos de tres semanas, omitiendo los plazos que la ley dicta para que la ciudadanía pueda revisar y cuestionar el impacto de la obra.
El PDUCP establece como objetivo primordial armonizar el crecimiento urbano con el medio ambiente y la protección a la ecología
La contradicción entre el proyecto y la normativa local es evidente al contrastar las pretensiones de los desarrolladores con el Programa de Desarrollo Urbano de Centro de Población de Mahahual (PDUCP 2021-2050). Mientras el PDUCP establece como objetivo primordial “armonizar el crecimiento urbano con el medio ambiente compatibilizando los usos del suelo con la vocación del territorio y la protección a la ecología”, el proyecto de Royal Caribbean amenaza con alterar radicalmente este equilibrio.
El PDUCP reconoce explícitamente que la infraestructura de servicios básicos, incluido el drenaje y saneamiento, no ha crecido al ritmo de la demanda turística y poblacional. La capacidad actual de la red de alcantarillado y las plantas de tratamiento existentes está rebasada por la saturación de los servicios durante las temporadas altas.
Además, el programa vigente estipula que, en zonas de humedal o manglar, toda acción requiere la autorización federal de Semarnat, advirtiendo que los municipios, antes de expedir licencias de uso de suelo, deben verificar el cumplimiento de las normas ambientales, bajo riesgo de incurrir en responsabilidades administrativas.
El documento de planeación establece que “por ningún motivo se promoverá el desarrollo a costa del aprovechamiento irracional de los recursos naturales”. Sin embargo, la realidad de Mahahual muestra una historia de desatención.
La comunidad de Mahahual, apoyada por organizaciones civiles, exige que la Semarnat no sólo evalúe el impacto ambiental del proyecto, sino que considere la incapacidad de la infraestructura actual para absorber una carga poblacional siete veces mayor a la local, lo que agravaría las carencias en el manejo de residuos, agua y servicios públicos que el propio PDUCP intenta, teóricamente, ordenar.
Morales Cruz resaltó que la comunidad de Mahahual no rechaza el desarrollo, pero exige que este no pase por encima de sus carencias históricas y de su consulta, donde el Estado tiene la obligación de garantizar condiciones de vida dignas para los habitantes locales.
“Lo que la gente pide es que primero se subsanen las deficiencias básicas que tiene Mahahual, su planta de tratamiento, sus calles que están sin pavimentar, temas medioambientales, y ya luego vemos si entra un proyecto de esa magnitud”, expresó.
“Mahahual es una localidad muy pequeña que aún no se ha desarrollado como tal y que carece de servicios básicos; tiene una planta de tratamiento que está súper rebasada, de verdad es una comunidad que ha estado abandonada”, agregó.
Además, la comunidad también estima que el megaproyecto dispararía los costos de vida, provocando que las rentas aumenten hasta un 340 por ciento y los servicios básicos un 180 por ciento, lo cual desplazaría a los pequeños negocios locales.
Las organizaciones civiles como Greenpeace México y la plataforma México al Grito de ¡Selva! han advertido sobre los riesgos ambientales detectados como la destrucción ilegal de 16.38 hectáreas de selva y manglar, un ecosistema que protege la costa contra huracanes y sirve de hogar a especies en peligro crítico como el ocelote, el mono araña y las tortugas blancas, carey y caguama.
El daño al suelo kárstico, una roca porosa con túneles subterráneos que sustenta la región; las obras, que incluyen toboganes de más de 60 metros de altura, pondrían en peligro el acuífero al extraer cerca de ocho mil metros cúbicos de agua diariamente y verter residuos en el subsuelo.
La activista destacó que la comunidad local intentó detener el avance del proyecto mediante la vía legal desde el inicio con varios amparos, sin embargo, estos fueron desechados por la juez primero de distrito con argumentos contradictorios en cada caso.
“De hecho metimos varios amparos; el de nosotros, que es el que sobrevivía, y tres más firmados por locales de Mahahual”, resaltó.
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Explicó que solo quedaba el amparo promovido por la asociación DMAS, hasta que la resolución de la semana pasada de los magistrados del Primer Tribunal Colegiado de Circuito de Quintana Roo también lo desechó, eliminando así la suspensión que impedía a la empresa solicitar permisos ante la federación.
Mientras tanto, la zona destinada a la construcción sigue bajo clausura preventiva por parte de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), debido a los rellenos ilegales detectados en el ecosistema de manglar y selva que la empresa pretendía intervenir sin los permisos federales requeridos.