Informa de las diversas acciones que el gobierno federal ha llevado a cabo y subraya que al 30 de octubre de este año se tenían 56 detenidos, entre policías municipales e integrantes del grupo criminal autodenominado Guerreros Unidos; se realizaron 13 cateos a inmuebles; se han asegurado seis vehículos como instrumentos del delito, y vinculado directamente a la desaparición de los estudiantes.
También da cuenta de que el 4 de noviembre fueron detenidos José Luis Abarca y su esposa María de los Ángeles Pineda, quienes eran prófugos de la ley. "Con todas las acciones que ha realizado el gobierno de al República continúa trabajando, como prioridad en encontrar a los estudiantes desaparecidos y regresar la tranquilidad a los habitantes de esa región de Guerrero, al garantizar que los responsables de estos lamentables hechos obtengan la sanción que establece la ley, al mismo tiempo que se fortalecen las instituciones de seguridad con el objetivo de recuperar la confianza de la sociedad".
De igual forma, el Ejecutivo da respuesta sobre el caso Tlatlaya -la ejecución de civiles por parte de militares-. De este tema el Ejecutivo indica a los senadores que la Secretaría de la Defensa Nacional informó que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 37 y 57 de código de justicia militar, al concluirse la agresión armada inmediatamente dio la intervención al agente del ministerio público del fuero común, adscrito a Tejupilco, estado de México, quien realizó las primeras diligencias conforme a sus atribuciones.
Resalta que el resultado de esos echos se encuentran detenidos y en proceso ministerial varios elementos de la Sedena: un teniente de infantería, por ejercicio indebido de servicio público y encubrimiento de no procurar impedir la consumación de un delito; tres elementos más por abuso de autoridad, ejercicio indebido del ejercicio público, homicidio calificado y alteración ilícita del lugar y vestigios del hecho delictivo, y tres elementos más por ejercicio indebido de servicio público.