“Al defender este procedimiento escueto, el gobierno presenta un argumento verdaderamente sorprendente: que aquellos que ingresaron al país de forma ilegal no tienen derecho a ningún proceso en virtud de la Quinta Enmienda, sino que deben aceptar cualquier gracia que el Congreso les otorgue”, escribió Cobb en una opinión de 48 páginas emitida antier por la noche.
Desde la llegada por segunda vez de Trump a la Casa Blanca a principios de este año, el Departamento de Seguridad Nacional buscó la manera de acelerar las expulsiones de personas migrantes del país. Incluso se refugió en una ley del siglo XVIII para reducir los procesos de deportación.
La magistrada indicó que esta figura legal fue utilizada por el Ejecutivo estadunidense de manera “ampliada”, pasando de operar contra quienes eran arrestados cerca de la frontera o poco después de cruzarla, a ser aplicada contra quienes “hace mucho que llegaron a (nuestro) país”.
Cobb, que fue nombrada por el ex presidente Joe Biden, aseguró que “priorizar la rapidez sobre todo lo demás llevará de forma inevitable al gobierno a expulsar erróneamente a personas a través de este proceso truncado”.
En este contexto, el abogado de uno de los bomberos mexicanos que fue detenido mientras luchaba contra un incendio en Oregon denunció que la detención fue ilegal, y agregó que su cliente estaba en camino de obtener su estatus legal cuando fue arrestado por la Patrulla Fronteriza, publicó The Guardian.
Stephen Manning, litigante de Innovation Law Lab, una organización sin fines de lucro con sede en Portland que representa al bombero, de quien no se ha hecho público su nombre, expuso que el mexicano también ayudaba a los investigadores federales a resolver un crimen que ocurrió contra su familia. Asimismo, argumentó que el programa de visa U, establecido por el Congreso, es para la protección de víctimas de delitos graves que ayudan a los detectives.
La madre de un adolescente de 15 años con discapacidad, que fue detenido por agentes federales de migración, exigió un millón de dólares en reparación de daños y perjuicios y acusó al gobierno de encarcelamiento injusto y “perfilamiento racial inconstitucional”.
El joven, ciudadano estadunidense, estaba a bordo de un vehículo con su madre frente a la secundaria Arleta de Los Ángeles el 11 de agosto cuando elementos de inmigración enmascarados los rodearon y sacaron del vehículo; aseguraron que el adolescente era sospechoso de un delito y luego se dieron cuenta de que se equivocaron de persona, reportó Los Angeles Times.
Con la finalidad de aumentar la tasa de deportaciones, la administración Trump considera un plan para que al menos 600 abogados militares laboren temporalmente como jueces de migración, según un informe de The New York Times.
En tanto, Human Rights Watch denunció la situación “abusiva e inhumana” en la que se encuentran los migrantes encarcelados en la prisión de Guantánamo, en Cuba, en un comunicado emitido tras conversar con una veintena de venezolanos que fueron trasladados allí a comienzos de año y que estuvieron detenidos entre 11 y 16 días antes de ser deportados a su país natal. (La Jornada)