El Decreto Supremo 5516 reconoce la crisis económica, financiera y social "de carácter estructural" que sufre el país desde hace años, si bien el Gobierno ha achacado esta problemática a la gestión de presidentes anteriores.
Bolivia cerró el 2025 con una inflación del 24.73 por ciento. Entre las principales medidas, destaca la importación, venta y comercialización de combustibles por parte de personas naturales o jurídicas privadas, de manera excepcional y temporal, a precio de importación con el objetivo de garantizar el abastecimiento.
Relacionado con esta temática, el Gobierno dispone la suspensión temporal del diésel de la lista de sustancias controladas por un periodo de un año para facilitar su importación y así asegurar el suministro para el transporte, la producción y la agroindustria. (La Jornada)