La comunidad internacional aumentó este lunes la presión sobre la junta militar birmana, con sanciones de Estados Unidos y del Reino Unido y una investigación de la ONU por "crímenes contra la humanidad", un año después del golpe de Estado.
"Trágicamente, los informes recibidos durante el último año sugieren que más de mil personas han sido asesinadas en circunstancias que pueden calificarse como crímenes contra la humanidad o crímenes de guerra", dijo en un comunicado Nicholas Koumjian, jefe del Mecanismo de Investigación Independiente de las Naciones Unidas para Birmania.
Este mecanismo, creado por el Consejo de derechos humanos de la ONU en 2018, tiene el mandato de recopilar pruebas que muestren que se cometieron crímenes internacionales en Birmania y que se violó el derecho internacional. El objetivo es poder construir un caso que facilite los procedimientos penales.
"Las fuerzas de seguridad detuvieron a miles de civiles en circunstancias que implican acusaciones creíbles de detención arbitraria, tortura, violencia sexual e incluso asesinato bajo custodia", añadió el jefe del Mecanismo de Investigación Independiente. "Los que planean cometer crímenes deben saber que los delitos internacionales graves no prescriben. La justicia internacional tiene una memoria muy larga y algún día los autores de los crímenes internacionales más graves cometidos en Birmania tendrán que rendir cuentas".
Estados Unidos impuso sanciones financieras a siete personas y dos entidades "vinculadas con el régimen militar de Birmania" cuando se cumple un año del golpe de Estado que derrocó a la líder civil Aung San Suu Kyi.
Las sanciones se adoptaron en coordinación con el Reino Unido y Canadá y afectan a los principales funcionarios judiciales del país: el fiscal general, Thida Oo, el presidente de la Corte Suprema, Tun Tun Oo y el jefe de la comisión anticorrupción, Tin Oo, según un comunicado del Tesoro estadunidense.
También sanciona a otras cuatro personas y a dos entidades acusadas de apoyar financieramente a la junta, en particular mediante el suministro de armas y equipos.
"Mientras el régimen prive al pueblo de Birmania de su voz democrática, haremos que los militares y sus partidarios paguen por ello", advirtió el presidente estadounidense, Joe Biden, en un comunicado. "Le digo al pueblo birmano: no hemos olvidado vuestra lucha y seguiremos apoyando su valiente determinación de aportar democracia y estado de derecho a vuestro país".
El Reino Unido "siempre defenderá el derecho a la libertad, la democracia y el estado de derecho. Al igual que otras naciones que comparten los mismos valores, haremos que este régimen brutal y opresor rinda cuentas", prometió por su parte en un comunicado la ministra de Relaciones Exteriores británica, Liz Truss.
Aung San Suu Kyi, de 76 años, está detenida desde el golpe de Estado que puso fin a una década de transición democrática.
La premio Nobel de la Paz acaba de ser inculpada. Le acusan de haber presionado a la comisión electoral durante las elecciones legislativas de 2020 que ganó la Liga Nacional por la Democracia (LND). Ya fue condenada a seis años de prisión y se expone a décadas de cárcel al final del juicio.
Un año después del derrocamiento del gobierno civil, la rebelión se multiplica y la junta militar aumenta la represión, obligando a decenas de miles de personas a abandonar sus hogares.
La enviada de la ONU para Birmania, Noeleen Heyzer, también pidió el lunes una "reunión humanitaria" con "la mayoría de las partes interesadas" en el conflicto en Birmania.
"A finales de 2021, más de 320 mil personas seguían desplazadas en el interior del país. Desde entonces el número es superior a 400 mil. Esto se suma a las 340 mil personas que ya estaban desplazadas antes del 1 de febrero de 2021", detalló en rueda de prensa virtual.