Entre los contratos de la DEA que investiga la Oficina del Inspector General del Departamento de Justicia es uno por 4.7 millones de dólares para realizar “planeación y comunicación estratégica” y así reclutar a personas que Milgram conoció cuando era fiscal general de Nueva Jersey y profesora de derecho de la Universidad de Nueva York – a un costo que excede por mucho los pagos a funcionarios públicos.
Al menos una docena de personas han sido beneficiadas con esos contratos, incluidos algunos del círculo cercano de Milgram y quienes manejan inteligencia, análisis de datos, servicios comunitarios y relaciones públicas – trabajos que regularmente requieren autorizaciones especiales de seguridad y que suelen desempeñar los 9 mil empleados de la propia DEA.
También se investiga un pago por 1,4 millones de dólares a un despacho de abogados de Washington por un análisis reciente de las escandalosas operaciones de la DEA en el extranjero, criticado ampliamente por desestimar casos de mala conducta de agentes y cómo prevenirlos.
El análisis fue hecho por Boyd Johnson, antiguo mano derecha de uno de los amigos más cercanos de Milgram, Preet Bharara, cuando fue el poderoso fiscal federal de Nueva York. El propio Bharara obtuvo un puesto en el despacho, WilmerHale, al mismo tiempo que se realizaba la revisión.
“Algunos de estos tratos parecen muy pantanosos”, aseguró Scott Amey, abogado del grupo apartidista Project on Government Oversight. Amey señala que las reglas para la contratación federal deben conducirse sin tratos preferenciales, evitando incluso la insinuación de un conflicto de intereses. También se prohíbe que los contratistas desempeñen “funciones que corresponden al gobierno”, como dirigir a empleados federales.
“Nunca se deben asignar contratos a partir de a quién conoces”, dijo Amey.