corrupcionTeleSur.- El gobierno del presidente Evo Morales, condenó la impunidad de quienes han robado el dinero de los bolivianos en Gobiernos pasados.

El ministro de la Presidencia de Bolivia, Juan Ramón Quintana, salió al paso ante los señalamientos de la derecha que pretenden vincular al Gobierno, con los hechos de corrupción que envuelven al desaparecido Fondo Indígena Originario Campesino (Fondioc).

Quintana rechazó que se quieran manchar con falsas acusaciones la gestión del presidente Morales, al tiempo que reiteró la férrea e intransigente lucha que se libra contra este flagelo en todo el territorio andino.

“Los últimos días hemos escuchado que, por ejemplo, el Ministro de la Presidencia es responsable del Fondo Indígena y jamás hemos formado parte de su directorio”, aseguró.

En dato:

Se conoce que más de 200 personas estarían siendo procesadas por la Fiscalía General del Estado boliviano, que investiga el destino de 6,8 millones de dólares correspondientes a 49 proyectos del Fondo Indígena, que financiaba hasta este año acciones de desarrollo en zonas campesinas del país.

El titular del despacho de Gobierno boliviano calificó de vergonzosa la postura asumida por la oposición del país que con infamias y ataques, pretende perturbar el proceso para el referendo constitucional que aprobará la repostulación del jefe de Estado y su vicepresidente.

Aclaró que el Fondioc no fue creado en la gestión del presidente Morales, sino en el 2005 bajo la administración de la derecha, por lo que consideró que esta campaña sucia apunta a desprestigiar al actual Gobierno. Lo anterior guarda razgos similares a la campaña adelantada por la derecha brasileña en contra de la presidenta Dilma Rouseff.

“Son tan mentiros, inescrupulosos y cobardes para decir que nosotros hemos creado el Fondo Indígena para atacar a los dirigentes”, sostuvo.

Quintana sentenció que en el viejo régimen neoliberal todos los ladrones eran ministros, diputados o altos funcionarios y en consecuencia, sus defensores quieren mostrarlos ante la opinión pública como perseguidos políticos.