La votación para la apertura del juicio político a la presidenta brasileña, Dilma Rousseff, se llevará a cabo este lunes por la comisión especial parlamentaria de la Cámara de Diputados, donde se decidirá la admisión o no de un pedido de juicio político en su contra.

El inicio de la votación está prevista para las 17H00 locales. Antes de iniciar el sufragio el relator Jovair Arantes, (favorable al proceso), presentará los argumentos para continuar con el pedido.

Posteriormente, 27 líderes de los partidos políticos representados en el legislativo realizarán su relatorio. Luego, la defensa de la mandataria procederá a exponer sus consideraciones finales.

Días atrás el abogado de Rousseff, José Eduardo Cardozo, expresó que el juicio político solicitado por la derecha brasileña, respaldado el líder de Cámara Baja, Eduardo Cunha, está viciado por retaliación y presenta errores conceptuales, por lo que es completamente ilegal.

Cardozo además atribuye todo el proceso a una "venganza" contra la mandataria.

El pasado viernes se inició el debate sobre la admisibilidad del proceso de destitución de Rousseff y se prolongó más de 13 horas.

De ser aperturado el juicio por la comisión especial, las negociaciones se centrarán en la votación del plenario de la Cámara de Diputados, prevista para el próximo viernes, que puede prolongarse al sábado y al domingo.

El caso no pasará al senado si 172 diputados se manifiesten contra la apertura del juicio político o se abstienen el día de la votación para que la dirección de la Cámara de Diputados a archivar el proceso.

Por el contrario, la solicitud deberá tener el respaldo de 342 legisladores para que sea admitida, en cuyo caso pasará al Senado, el cual -por decisión del Supremo Tribunal Federal- dirá la última palabra.

El ministro-jefe de la Secretaría de Gobierno de la Presidencia, Ricardo Berzoini, opina que el procedimiento será derrotado cuando se vote en el plenario de la Cámara de Diputados.

"En el escenario más pesimista tenemos los votos para frenar el impeachment, y en el más realista podremos ganar con un margen confortable", argumentó.

El abogado de la defensa precisó que para configurarse un crimen de responsabilidad, tales actos tienen que ser practicados directamente por el Presidente, de forma dolosa (deliberadamente y de mala fe) y durante el mandato que se imputa.

Cardozo añadió que cualquier tentativa de juicio político que no cumpla con todos esas condiciones es inconstitucional, ilegal y por consiguiente constituye un golpe de Estado.