La Comisión del Senado de Brasil que está a cargo del juicio político contra la presidenta Dilma Rousseff debatirá este lunes un posible reajuste en su calendario por la cantidad de testigos que están aún por comparecer, informó Prensa Latina.

El senador del Partido de los Trabajadores (PT), Lindbergh Farías, indicó que si pudiesen escuchar en cada jornada a cuatro declarantes, serían 10 días hábiles de trabajo.

De esta manera, se rebasaría la fecha del 20 de junio que estaba prevista inicialmente para este trámite, agregó.

Cuando terminó la última sesión el miércoles pasado, Farías expresó que el proceso debe avanzar con calma por su trascendencia y recordó que la Constitución establece un plazo de hasta 180 días para el desarrollo del mismo.

Por su parte, el presidente de la comisión, Ricardo Lira, coincidió en que probablemente sea necesario reajustar el cronograma para extenderlo, pero consideró que "con una semana será suficiente".

Para este lunes, se tiene previsto que comparezcan Tiago Alves Dutra y Leonardo Albernaz, ambos del Tribunal de Cuentas de la Unión; Marcos Pereira, exsubsecretario del Tesoro Nacional, y Esther Dweck, exsecretaria de Presupuesto y Finanzas.

En contexto:

La sesión de la Comisión del Senado de Brasil, que está a cargo del juicio político contra la presidenta Dilma Rousseff, canceló la sesión prevista para el jueves pasado y la pospuso para este lunes.

La decisión fue tomada por el presidente de esta instancia, el senador Raimundo Lira, luego que el debate en el que se presentaron las declaraciones de los primeros testigos acusadores se extendiera por más de 15 horas y terminara la madrugada de este jueves.

Luego de ser discutido en la Cámara Baja y en el Senado de Brasil, el proceso de juicio político contra la presidenta Dilma Rousseff fue aprobado el pasado 11 de mayo, y desde entonces, la dignataria permanece separada de su cargo para enfrentar a la justicia y presentar sus alegatos que demuestren su correcto proceder.

Rousseff debe permanecer alejada del cargo por un lapso no mayor a 180 días, durante el que una comisión de 21 senadores, con base en el calendario ya establecido, escuchará los testimonios de la parte acusadora y de la defensa para elaborar un informe final con las conclusiones del caso.

Durante este tiempo, los denunciantes deberán presentar las pruebas que vinculen a la dignataria con la supuesta violación de normas fiscales y crimen de responsabilidad, evidencias que nunca fueron entregadas ni en la Cámara Baja ni en el Senado, y que paradójicamente no fueron necesarias para la aprobación del impeachment.