La Comisión Procesal del Senado Federal que lleva adelante el proceso de juicio político contra la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, recibe este martes a los peritos de la defensa y la acusación para que expongan sus informes.

Serán escuchados cinco expertos encargados de la elaboración de los documentos, que serán presentados por la defensa de la mandataria, además de defensores y fiscales asistentes.

Los especialistas sostienen que Rousseff no cometió pedaladas fiscales, acusación que pesó en su contra para el inicio del impeachment.

El dato: El jurista Ricardo Lodi Ribeiro y el economista Rodrigo Octávio Orair, convocados por el abogado defensor José Eduardo Cardozo, y la especialista en finanzas públicas, Selene Nunes, por la parte denunciante, serán quienes intervengan.
Según aspectos presentados por Nunes, la presidenta de Brasil presuntamente violó la Ley de Responsabilidad Fiscal, al emitir en 2015 dos decretos presupuestarios sin autorización del Congreso- lo que se traduce como un incumplimiento de la meta fiscal- y al cometer presuntos atrasos en los pagos del Tesoro Nacional a bancos públicos.

Este miércoles, Rousseff debe ser escuchada ante la comisión, aunque también puede ser representada por su abogado.
El jurista defensor, José Eduardo Cardozo, manifestó el pasado jueves su confianza en que Dilma resulte absuelta cuando sea juzgada por el plenario del Senado Federal.

"No existe una denuncia verídica, por tanto -en condiciones normales- el caso sería de absolución sumaria", subrayó tras insistir que en caso de producirse la condena, la existencia de un golpe parlamentario sería confirmada.

"Los resultados de la pericia realizada por tres técnicos de la Cámara alta dejó en claro la inocencia de Rousseff, al indicar que la edición de los decretos suplementarios no incidía en el incumplimiento de la meta fiscal y reconocer que ningún acto la vincula, directa o indirectamente, a las llamadas pedaladas fiscales", mencionó.

En contexto

En mayo, el Senado de Brasil votó a favor del juicio político contra la presidenta Dilma Rousseff, por lo que debe separarse de su cargo por un lapso de 180 días.

La defensa alega que la intención del juicio político es paralizar las investigaciones de la Operación de la Lava Jato, las pesquisas de la mayor trama de corrupción en Brasil.

Esta maniobra de juicio político es interpretada por los analistas como un golpe de Estado parlamentario contra el Gobierno progresista y un atentado contra las políticas sociales.

El presidente interino, Michel Temer, quien quedó a cargo de la nación ha llevado a cabo desde los primeros siete días en el poder una serie de reformas económicas y modificaciones contra la clase trabajadora, movimientos campesinos y hasta contra el sector salud, cultura y educación.