dilmaAFP.- La presidenta suspendida de Brasil, Dilma Rousseff, presenta este lunes su defensa ante el pleno del Senado en medio de juicio político que podría finalizar con la destitución por los dos años que quedan de su mandato.

En su comparecencia, la mandataria indicó que “he honrado el compromiso con mi país, con la democracia (...) por eso antes estas acusaciones que son dirigidas contra mí en este proceso no puedo dejar de sentir en la boca nuevamente el gusto áspero y amargo de la injusticia”.

“No esperen de mí un silencio de los cobardes (...) no lucho por mi mandato o mi apego al poder, como es propio para los que tienen principios, lucho por la democracia”, agregó Rousseff.
Rousseff dijo que en este proceso “lo que está en juego son las conquistas de los últimos 13 años, las ganancias para el pueblo para las personas más pobres y de clase media (...) lo que está en juego es la estabilidad que busca el control de la inflación y muchos programas fiscales para nuestra población. Lo que está en fuego es el futuro del país, la oportunidad y la esperanza de avanzar más”.

Tratando de llamar la atención de cada uno de los senadores, Rousseff expresó que “no es legítimo como quieren ver mis acusadores suspender al jefe de Gobierno por no concordar con una idea”.

Por otro lado, Rousseff dijo que “no es posible que el árbitro de este proceso sea la injusticia en esta acusación”, en este proceso de Impeachment “no se está practicando la justicia”.

“No practique ningún acto ilícito, no hice absolutamente, está comprobado”, expresó.

Antesala de la votación:

"Irá con un espíritu altivo. Está tranquila", resumió uno de sus asesores horas antes de la comparecencia en el Senado, la antesala de una votación final para decidir si es despojada o no de su mandato.

Aislada políticamente, agobiada por la peor recesión económica desde los años 30 y con su partido ametrallado por denuncias de corrupción, Rousseff fue suspendida de su cargo en mayo, acusada de maquillar las cuentas públicas.

La votación final será el punto final de un proceso que remece al país desde hace nueve meses, junto con una economía maltrecha y el descrédito en una clase política embarrada por escándalos la corrupción.

Desde que Rousseff comenzó su segundo mandato, el PIB retrocedió 3,8% en 2015 y proyecta caer 3,1% este año, el desempleo trepó hasta alcanzar a un récord de más de 11 millones de personas, la inflación tocó los dos dígitos y el rojo fiscal estimado supera los 45.000 millones de dólares.

A eso se le sumaron las revelaciones de la Operación Lava Jato (lavadero de autos), una red política-empresarial de sobornos que le costó a la estatal petrolera Petrobras más de 2.000 millones de dólares.

¿Irreversible?

En el Senado, Rousseff dará un mensaje de 30 minutos y luego será interrogada por detractores y aliados bajo la mirada de Luiz Inácio Lula da Silva, su padrino político y la figura que encarnó el despegue de Brasil, el éxito de la lucha contra la pobreza y el presidente más popular de la historia moderna.

La mandataria afirma que es inocente y que el juicio es en realidad "un golpe orquestado" por su exvicepresidente Michel Temer, devenido en su némesis política y el probable presidente de Brasil por los próximos dos años.

La presencia de Rousseff genera grandes expectativas en la capital brasileña, adonde también estará acompañada del famoso cantautor y activista brasileño, Chico Buarque. Se aguardan manifestaciones callejeras frente al Congreso, que ha sido vallado y estará custodiado por más de 1.300 policías hasta el día de la votación para evitar enfrentamientos.

El pleno de 81 senadores decidirá el futuro gobierno del país en una sola ronda de votación.

Los aliados de Temer aseguran tener entre 60 y 61 votos para garantizar la condena, más de los 54 necesarios, y todos los sondeos coinciden que sólo un milagro evitará la destitución de la mandataria.

Rousseff fue acusada de autorizar gastos a espaldas del Congreso y postergar pagos a la banca pública para mejorar artificialmente las cuentas públicas y seguir financiando programas sociales el año de su reelección y a inicios de 2015, algo prohibido por la Constitución.

Su defensa aduce que las prácticas cuestionadas también fueron usadas de forma recurrente por gobiernos anteriores, sin que fueran castigados.