El Tribunal Supremo de España comunicó este viernes que procesa por delitos de rebelión, desobediencia y malversación de fondos públicos a los principales dirigentes independentistas de Cataluña, por hechos cometidos en el reciente proceso secesionista en esa comunidad.
El juez Pablo Llarena citó a los 28 imputados (y en su caso a sus abogados) en la causa que instruye contra el proceso independentista a una comparecencia a la que no asistió la republicana Marta Rovira, quien huyó de España a primeras horas de este viernes.
En un auto de 69 páginas, el juez detalla los aspectos fundamentales del proceso independentista y los hechos que tipifica como delitos de acuerdo a la legislación española, y con ello pasa de la fase de investigación a procesamiento.
Por presunto delito de rebelión a 13 investigados: el ex presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont; el ex vicepresidente Oriol Junqueras; siete ex consejeros del gobierno catalán Joaquim Forn, Jordi Turull, Raúl Romeva, Clara Ponsatí, Josep Rull, Antoni Comín y Dolors Bassa.
Por este mismo delito se procesa a la ex presidenta del Parlamento catalán Carme Forcadell; el ex presidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) Jordi Sànchez; el de Ómnium Cultural, Jordi Cuixart, y la secretaria general de Esquerra Republicana de Cataluña (ERC), Marta Rovira.
Por el delito de malversación de fondos se procesa a Puigdemont, Junqueras, Forn, Turull, Romeva, Ponsatí, Rull, Comín, Bassa, Meritxell Borràs, Lluis Puig, Carles Mundó, Santi Vila y Meritxell Serret.
Por el delito de desobediencia se procesa a cinco ex miembros de la Mesa del Parlamento de Cataluña Lluis María Corominas, Lluis Guinó, Anna Isabel Simó, Ramona Barrufet, y Joan Josep Nuet.
Asimismo, por este mismo delito a la ex presidenta del grupo parlamentario de la Candidatura de Unidad Popular (CUP) Mireia Boya, y su ex portavoz Anna Gabriel Sabaté.
El juez fija una fianza de responsabilidad civil por importe de 2.1 millones de euros que deberá ser prestada solidariamente por los 14 ex miembros del gobierno catalán procesados, para asegurar responsabilidades pecuniarias.
La cuantía se ha establecido sumando a los 1.6 millones de euros que el juez señala que fue el montante que hubo de emplearse para sufragar el referéndum del 1 de octubre, de acuerdo a las investigaciones practicadas.
Además, el juez mantiene en prisión a Junqueras Forn, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, y las medidas cautelares contra los huidos en Bruselas Puigdemont, Comín, Serret, Puig y Ponsatí, y Anna Gabriel Sabaté en Ginebra.
