Semejante innovación en la historia internacional del derecho ha sido acatada por un juez provinciano de primera instancia, y luego confirmada por una provinciana instancia superior.

En la noche de este martes, Eduardo Villas Boas, comandante del ejército, es decir, máxima autoridad del arma, esparció por las redes sociales que la corporación comparte el deseo de todos los ciudadanos de bien (léase decentes) de repudio a la impunidad y respeto a la Constitución.

Pese a que la Constitución determina que nadie puede ser encarcelado hasta que se agoten todos los recursos, en otra innovación insólita los miembros de la misma Corte Suprema decidieron, hace dos años, que una sentencia confirmada en segunda instancia abre camino para la detención.

Lo que dijo el general Villas Boas sonó como una especie de alarma: según lo que se decida este miércoles en Brasilia, o sea, si Lula da Silva, el más popular presidente de las pasadas seis décadas y favorito absoluto para las elecciones presidenciales de octubre, será o no llevado de inmediato a una celda, el ejército podrá reaccionar.

La previsión común de juristas y abogados de las más diversas tendencias es que la decisión de la máxima instancia de justicia se dará por votación muy estrecha. En la clase política, lo mismo.

Los grandes medios de comunicación, a su vez, mantienen desde hace varias semanas una fuerte campaña de presión sobre los integrantes del máximo tribulan, exigiendo encarcelar a Lula. Como ecos de esas palabras de orden, grupos antiLula, que van de conservadores hasta la más extrema derecha, exigen que los magistrados no actúen bajo presión. Por tanto, y en clara contradicción, los presionan en editoriales impresos o leídos en los noticiarios de televisión, con la habitual conducción de TV Globo indicando el camino.

Este martes hubo manifestaciones convocadas por movimientos de derecha y extrema derecha, estos últimos claramente financiados por empresarios y grupos que actúan en el mercado financiero y en el comercio exigiendo la prisión inmediata para Lula. A su vez, partidarios del ex presidente se posicionaron frente a su domicilio.

En este clima de tensión, que seguramente aumentará aún más, hubo dos iniciativas aisladas que llamaron la atención, por motivos opuestos.

En la noche del lunes, y en pleno centro de Río, poco más de 5 mil personas se apretujaban en un teatro para asistir a un acto en defensa de la democracia, contra la creciente violencia de grupos de derecha y extrema derecha, y en defensa de Lula. Organizado por el PT, contó con la adhesión de los demás partidos del sector popular y de la izquierda.

El tono de los discursos y pronunciamientos convergía hacia un mismo punto: la necesidad de unidad frente al momento extremadamente turbulento que vive Brasil, las elecciones presidenciales programadas para octubre, y denunciar la creciente ola de violencia que causó la muerte de la concejal de Río, Marielle Franco, integrante del PSOL, y de los tiros disparados contra autobuses de la caravana que el ex presidente Lula da Silva realizó por estados del sur.

En su discurso, que cerró el acto, el ex presidente ha sido especialmente contundente. Dijo que, más que el habeas corpus, busca que todo el juicio sea revisado. Quiero que me devuelvan la inocencia, afirmó, luego de recordar las arbitrariedades de su condena.

Y lanzó una alerta: Si me arrestan, no lograrán arrestar mis pensamientos, no lograrán arrestar mis sueños. Si no me dejan andar, andaré por las piernas de ustedes. Si no me dejan hablar, hablaré por las bocas de ustedes. Si mi corazón deja de latir, él latirá en el corazón de ustedes.

Frente a semejante anuncio, este martes vino la reacción de un general retirado, de nombre Luiz Gonzaga Lessa, quien dijo que en caso de que el habeas corpus sea concedido, no habrá otra alternativa que la intervención militar.

En Brasil se suele llamar a los oficiales retirados general en piyama, y se bromea que sin el uniforme, ni siquiera sus nietos cumplen sus órdenes.

Puede que así sea. Pero analistas advierten que lo grave, inquietante y preocupante es que las palabras del general Gonzaga Lessa reflejan lo que piensa la mayoría de otros generales en piyama. Últimamente, es cada vez más frecuentes que generales retirados insistan en la misma dirección.

El ejército (cuyos integrantes sí usan uniforme y tienen comando de tropa) dijo que se trata de una opinión personal, que no representa la postura de la corporación, que cumple estrictamente lo que determina la Constitución.

Ojalá sea verdad. Pero las declaraciones del comandante máximo del ejército sonaron como advertencia, y más, como amenaza.