Un grupo especial, encabezado por Raúl Castro Ruz, presentó una iniciativa de reforma constitucional para debatir en la Asamblea Nacional del Poder Popular del 21 al 23 de julio, y tras su aprobación en ese órgano será sometida a consulta del pueblo cubano, según el anteproyecto publicado este sábado por el portal Cubadebate.

La iniciativa, que contempla un prólogo, 224 artículos, divididos en 11 títulos, 24 capítulos y 16 secciones, reafirma el papel rector del Partido Comunista de Cuba como fuerza dirigente superior de la sociedad y el Estado.

Define al Estado cubano como un estado socialista de derecho, democrático, independiente y soberano, organizado con todos y para el bien de todos, como república unitaria e indivisible, fundada en el trabajo, la dignidad y la ética de sus ciudadanos.

Un Estado que tiene como objetivos principales el disfrute de la libertad política, la equidad, la justicia e igualdad social, la solidaridad, el humanismo, el bienestar, y la prosperidad individual y colectiva, agrega el proyecto que se presenta 16 años después de la reforma Constitucional del 26 de junio del 2002.

Con la reforma constitucional se pretende consolidar y dar continuidad a un sistema socialista, democrático, próspero y sostenible que asegure la prosperidad individual y colectiva, trabajar por alcanzar mayores niveles de equidad y justicia social, así como preservar y multiplicar los logros de la Revolución Cubana.

Respecto a la estructura del Estado, la reforma contempla que la Asamblea Nacional del Poder Popular conservará su condición de órgano supremo del Estado y único con potestad constituyente y legislativa.

El Consejo de Estado se mantiene como el órgano permanente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, pero con la particularidad de que su presidente, vicepresidente y secretario, lo son a la vez del Consejo de Estado, con lo que se pretende lograr una mayor continuidad y vinculación entre ambas instituciones.

Además se instituye la figura del Presidente y Vicepresidente de la República de Cuba.

En materia económica establece que Cuba mantiene como principios esenciales la propiedad socialista de todo el pueblo sobre los medios fundamentales de producción y la planificación como componente principal de dirección.

El proyecto añade el reconocimiento del papel del mercado y de nuevas formas de propiedad, entre ellas la privada, en correspondencia con la Conceptualización del Modelo Económico y Social Cubano de Desarrollo Socialista y los Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución.

Reconoce la importancia de la inversión extranjera para el desarrollo económico del país, con las debidas garantías, y mantiene la empresa estatal como sujeto principal de la economía nacional y se le reconoce su autonomía como principio esencial de funcionamiento.

La iniciativa de reforma constitucional señala que la propiedad privada sobre la tierra se mantiene un régimen especial, con limitaciones para su transmisión y el derecho preferente del Estado a su adquisición mediante su justo precio.

Respecto a las relaciones internacionales ratifica sus principios en la materia y añade otros como la promoción del respeto al derecho internacional y a la multipolaridad entre los Estados; el repudio a toda forma de terrorismo, en especial al terrorismo de Estado.

Se plantea además su rechazo a la proliferación y uso de armas nucleares, de exterminio en masa u otras con efectos similares; la protección y conservación del medio ambiente y la lucha contra el cambio climático.

Defiende asimismo la democratización del ciberespacio y condena su uso con fines subversivos y desestabilizadores de naciones soberanas.

Entre otros puntos que incluye el anteproyecto de reforma constitucional figuran que los ciudadanos cubanos, en el territorio nacional, se rigen por esa condición y no pueden hacer uso de una ciudadanía extranjera; y ratifica el acceso gratuito a los servicios de salud y de educación.

En el contenido del derecho de igualdad incorpora la no discriminación por identidad de género, origen étnico y discapacidad.

Reconoce los derechos esencialmente en materia de justicia y el debido proceso, entre ellos, la presunción de inocencia; la reinserción social de las personas privadas de libertad; ser tratados con respeto a su dignidad e integridad síquica, física y moral, así como ser procesado y condenado por tribunal competente, independiente, imparcial y preestablecido de manera legal.

Además se menciona la posibilidad de convocar consultas populares de asuntos de interés de la localidad, el derecho de la población a proponer análisis de temas en las asambleas y la correcta atención a las solicitudes, planteamientos, quejas y denuncias de los ciudadanos.