La Corte Suprema de Brasil intervino el lunes para revertir una decisión anunciada horas antes por un juez del estado de Roraima, fronterizo con Venezuela, quien ordenó interrumpir el paso de venezolanos hasta que el gobierno federal implemente un plan para distribuir a los inmigrantes a su llegada por el resto del territorio nacional.

La jueza Rosa Weber, de la Corte Suprema, estimó que es inconstitucional y contrario “a las leyes brasileñas y a los tratados ratificados por Brasil” impedir la entrada de venezolanos, los únicos inmigrantes que serían impedidos de acceder por vía terrestre.

Sin embargo, la noche del lunes la policía federal brasileña se desplegó y cerró la frontera de Roraima, por donde cada día entran unos 500 venezolanos a pie huyendo de la crisis en su país.

El gobierno de Temer enfatizó que no “cerraría” la frontera a los venezolanos, y reiteró en un comunicado que da “importancia a la garantía de los derechos humanos y al acceso a los servicios básicos para los extranjeros”.

La fricción entre las autoridades se produce como consecuencia de un decreto firmado por la gobernadora de Roraima, Suely Campos, destinado a restringir los derechos y endurecer los controles a los venezolanos.

El decreto ordena deportar a todos los extranjeros que cometan crímenes, expande las actividades de las fuerzas de seguridad en el control de inmigrantes, y pide que los hospitales den prioridad en la atención de emergencia a los nacionales.

La decisión está motivada, según Campos, que pidió hace meses a la Corte Suprema del país cerrar la frontera, por la “situación insostenible (de la inmigración) que causa graves problemas sociales”.

El gobierno de Roraima aseguró que los servicios sociales del estado –como educación y sanidad-, están saturados por la llegada de miles de inmigrantes en los últimos meses, y culpa al gobierno federal de no haber transferido recursos económicos para hacer frente a la situación.

Más de 127 mil venezolanos entraron a Brasil por tierra desde 2017, según datos del gobierno nacional, aunque la mitad de ellos salió con destino a un tercer país de América del Sur.

Desde el recrudecimiento de la crisis política, económica y social en Venezuela, miles de ciudadanos salieron de su país hacia destinos como Colombia, Brasil o Estados Unidos, y se estima que el número total podría ser cercano al millón y medio.