La visita de la CIDH se produce una semana después de que Jair Bolsonaro ganara las elecciones presidenciales y prometiera, así como el nuevo gobernador de Río de Janeiro, Wilson Witzel, ordenar a la policía que dispare contra criminales armados como fórmula para reducir la criminalidad en el país.

La delegación de la CIDH visitará hasta el 12 de noviembre ocho estados de Brasil, incluido Roraima, en la frontera norte y puerta de entrada para miles de venezolanos que huyeron de su país por la crisis económica y política.

Asimismo, los funcionarios de la CIDH se reunirán con autoridades en Brasilia, entre ellos el canciller Aloysio Nunes y representantes de la Corte Suprema y la Fiscalía General.

La defensa de los derechos humanos en Brasil adquirió mayor dimensión en las últimas semanas tras la propuesta de una serie de polémicas y radicales medidas por parte de Bolsonaro y su equipo para luchar contra la criminalidad organizada en el país a partir del 1 de enero.

Defensor de la portación de armas y de dar poder a policías para “eliminar” criminales armados a discreción, Bolsonaro defendió tener “mano dura” contra criminales y uno de sus ministros abogó por usar francotiradores para ejecutar a hombres armados.

El general Augusto Heleno, que debe ocupar el cargo de ministro de Defensa en el Ejecutivo de Bolsonaro, dijo la semana pasada que “los derechos humanos son para humanos derechos”.

La presencia de grupos armados que controlan territorios en zonas de Brasil y de Río de Janeiro aumentó durante los últimos años y disparó las muertes por homicidios, que llegaron a más de 63 mil el año pasado.

Sin embargo, investigaciones policiales muestran que buena parte de las armas de esos traficantes proceden de la policía, lo que indica un alto nivel de corrupción dentro de la corporación.

Asimismo, organizaciones no gubernamentales ya revelaron el uso de ejecuciones extrajudiciales por parte de la policía, y la muerte de civiles inocentes por parte de las fuerzas del orden en sus acciones armadas en favelas.