Pese a que la ONU admite en un reciente estudio que hay "un drástico crecimiento" de leyes destinadas al Medio Ambiente, el fracaso generalizado al aplicarlas es "la mayor amenaza" para luchar contra el cambio climático, la contaminación, y prevenir la pérdida generalizada de especies y hábitat.

Tras analizar cuatro décadas de la creación de leyes y organismos ambientalistas, la primera evaluación mundial en la historia sobre el estado del derecho ambiental reveló que la escasa aplicación de la legislación en la materia es una tendencia mundial que agrava estas amenazas.

El estudio y expertos en la materia coinciden en que para alcanzar los objetivos de los cientos de leyes, reglamentos y políticas nacionales que rigen el medio ambiente en todo el mundo se debe asignar prioridad absoluta al fortalecimiento del estado del derecho ambiental.

El relator especial de la ONU sobre Derechos Humanos y Medio Ambiente, David Boyd, dijo que el informe revela "el misterio que entraña la persistencia de problemas tales como la contaminación, la reducción de la diversidad biológica y el cambio climático pese a la proliferación de leyes ambientales en los últimos decenios".

A menos que se fortalezca el estado del derecho ambiental, incluso las normas aparentemente rigurosas están destinadas al fracaso y no se alcanzará el derecho humano fundamental a un medio ambiente saludable", enfatizó.

La directora ejecutiva adjunta de ONU-Medio Ambiente, Joyce Msuya, apuntó que se cuenta con un mecanismo "compuesto de leyes, reglamentos y organismos, para regir nuestro medio ambiente de manera sostenible", pero "la voluntad política resulta hoy esencial para garantizar que esas leyes actúen en favor del planeta".

La primera evaluación mundial sobre el estado del derecho ambiental pone de relieve la labor de quienes se ubican del lado correcto de la historia -y la cantidad de naciones que son más fuertes y seguras en consecuencia-", sostuvo.

Según el informe, desde 1972 y gracias a la ayuda internacional numerosos países concertaron más de mil 100 acuerdos ambientales y decenas de leyes marco, pero ni la ayuda ni los presupuestos internos permitieron crear organismos sólidos para hacer cumplir leyes y reglamentos con efectividad.