El tráfico ilícito de madera es un fenómeno ampliamente denunciado en Kisangani, capital de la provincia de Tshopo (noreste).

Hay diputados que hacen madera, hay militares que hacen madera. Son ellos quienes gobiernan", afirma el presidente de los trabajadores de la madera artesanos, Félicien Liofo. "No pagan tasas. Es una competencia desleal", agrega.

En la ruta RN4, en la entrada de la ciudad, un puesto de control verifica los documentos de quienes explotan los bosques, así como el volumen y el origen de los leños que transportan.

Soldados en uniforme abren a veces ellos mismos las vallas con las armas. Lo amenazan a uno con disparar", lamenta un oficial de la policía judicial (OPJ), que denuncia el "tráfico de influencia" de los militares, diputados y ministros provinciales.

No podemos atacarlos. No son notorios, trabajan a través de intermediarios", admite el coordinador provincial de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, Félicien Malu.

Frente a los poderosos, la administración no es fuerte. En teoría, su "coordinación provincial" cuenta con 2 mil agentes repartidos por toda la provincia (200 mil km2, más de seis veces Bélgica o la mitad de Portugal) para velar por el respeto del código forestal de 2002.

Pero "a los agentes no les pagan", afirma el coordinador, en el cargo desde septiembre, después de que su predecesor hubiera sido destituido por un caso de desvío de fondos.