El informe, titulado "Familias en riesgo", se basa en un examen detallado de datos oficiales, que arrojan un dato clave: 2,1 millones de niños y niñas en España sufren "pobreza y exclusión".
El documento fue publicado coincidiendo con una visita a España del Relator Especial de la ONU sobre la extrema pobreza y los derechos humanos, Philip Alston.

Save the Children concluyó que una de las categorías de población más vulnerables son las familias donde conviven abuelos, padres e hijos. El 73,8% de ellas sufre pobreza entre moderada y severa.

En esas familias, típicamente, los adultos tienen un bajo nivel educativo, y sólo el 30% fueron a la escuela hasta los 15 años.

Pero la categoría más vulnerable es la de las madres solteras: más de la mitad padecen pobreza severa, seis de cada diez están desempleadas y el 90% "no pueden afrontar gastos imprevistos como comprar unas gafas a sus hijos o la rotura de un electrodoméstico".
Igualmente, un tercio de "los hogares con adultos de origen migrante no puede hacer frente al pago mensual de las facturas de gas, agua y electricidad", añade la ONG.

Esta lacra social, que ya afecta a 1 de cada 4 hogares con niños y niñas, solo puede combatirse con inversión", dijo citado en un comunicado Andrés Conde, director general de Save the Children en España.

Tal como destacó, España sólo invierte el 1,3% del PIB en prestaciones familiares, frente a una media del 2,4% en los países de la OCDE.

"El Estado debe reducir la desigualdad y la pobreza entre aquellas familias que más lo necesitan y no lo está haciendo", añadió.

Según Save the Children, ese esfuerzo debe pasar por los presupuestos generales del Estado, una de las prioridades del gobierno de coalición de Pedro Sánchez, formado por socialistas y la izquierda radical de Podemos.
La aprobación del presupuesto no será fácil, ya que ambos partidos carecen de mayoría en la cámara baja del Parlamento, y necesitarán negociar el apoyo de otras fuerzas políticas.