La Corte Permanente de Arbitraje, con sede en La Haya, resolvió que Guatemala no violentó el Acuerdo de Inversión suscrito con Israel como alegó la empresa, indicó el ministerio en un comunicado.
El reclamo de la empresa israelí tiene que ver con el cobro de impuestos por la operación de sus dos subsidiarias en Guatemala, dedicadas a distribuir energía eléctrica en el país centroamericano, las cuales fueron vendidas.

Según el ministerio, el 20 de febrero de 2018 la empresa israelí demandó al Estado de Guatemala tras una fiscalización realizada por la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT, ente recaudador), para verificar la liquidación del Impuesto sobre la Renta.

La firma demandante aseguró que se violentaron sus derechos en el marco del Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones entre Guatemala e Israel, vigente desde el 15 de enero de 2009.
IC Power acusó a Guatemala de fraude tributario y de solicitar medidas precautorias sin agotar el procedimiento administrativo. La empresa reclamó 117 millones de dólares por la supuesta violación.

Sin embargo, Guatemala argumentó que la demandante no tenía una inversión protegida bajo el Acuerdo, toda vez que había vendido su participación en las dos subsidiarias.

En su defensa, Guatemala alegó que la "conducta del Estado en este caso no constituye una violación del Acuerdo, porque no existe denegación de justicia hacia el inversionista".